Familiares de víctimas sospechan maniobra tras pedido de "disculpas" de militares chilenos
SANTIAGO (Uypress) —
26.12.2016
Los familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet reaccionaron con indignación, sospechando una maniobra, ante el acto de pedido de disculpas por las violaciones a los derechos humanos realizado por una decena de militares condenados.
Un grupo de militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet (1973 - 1990) pidieron este jueves perdón por los delitos cometidos. La acción se llevó a cabo en un acto ecuménico celebrado en la cárcel de Punta Peuco (noreste de Santiago), que fuera construida especialmente para albergar a violadores de los derechos humanos.
El hecho ha generado el rechazo y la protesta de los familiares de las víctimas, que sospechan de una maniobra para conseguir beneficios carcelarios e indultos. Un grupo de mujeres se ha encadenado en la catedral de Santiago por el papel de la Iglesia católica en este episodio. Grupos que defienden los derechos humanos han pedido el cierre del penal, especialmente construido en 1995 para albergar a este tipo de presos.
Entre los presidiarios que participaron en la actividad estuvo Raúl Iturriaga Neumann, de 78 años, ex subdirector de la policía secreta DINA, que cumple condenas por diversas violaciones a los derechos humanos que lo tendrían en la cárcel hasta 2037. También Miguel Estay Reino y Claudio Salazar, ambos condenados por el caso degollados, uno de los crímenes emblemáticos de la dictadura. En la misa -cerrada a los medios-, según Radio Cooperativa, Salazar dijo: "La infinita bondad de Dios sabrá perdonar mis pecados depositándolos en el fondo del océano más grande (...) Te pido además que con tu infinito poder cambies aquellos corazones duros, que con razón o sin ella, nos detestan sin darnos cabida en la sociedad".
Los familiares de las víctimas han reaccionado con indignación. "Somos contrarios a este show mediático. En 43 años nos han mentido muchas veces con montajes, con el destino final de nuestros seres queridos y con mesas de diálogo", indicó Alberto Rodríguez, pariente de un ejecutado político, en la puerta de Punta Peuco. Las agrupaciones sospechan de una maniobra: aunque los condenados están pidiendo perdón por primera vez desde la llegada de la democracia, en 1990, en décadas no han entregado la información que permita conocer la verdad sobre las circunstancias de muerte y destino final de los cuerpos de cerca de 1.000 detenidos desaparecidos.
Según informa El País de Madrid, aunque solo 10 presos pidieron perdón por sus crímenes, el acto fue presenciado por cerca de 120 reclusos (casi la totalidad de presos de Punta Peuco). Los acompañaron sus familiares y un grupo de sacerdotes católicos, entre ellos Mariano Puga, que se destacó en la dictadura por su lucha a favor de los perseguidos. "Para muchos soy un traidor, dicen que me he olvidado de los desaparecidos y torturados", señaló Puga antes de la misa.
La Iglesia chilena, que a través de la Vicaría de la Solidaridad cumplió un papel relevante en dictadura en la defensa de los perseguidos, se desmarcó de la actividad de Punta Peuco. Tras los incidentes del jueves en la catedral, el obispo auxiliar de Santiago, Fernando Ramos, recalcó que la institución "no favorece la impunidad, menos cuando existen delitos de lesa humanidad". En la actividad, sin embargo, sirvieron de testigos miembros importantes de la comunidad católica. Uno de ellos es el sacerdote jesuita Fernando Montes, cercano al mundo progresista, que luego de la misa señaló que nadie pidió una rebaja de condenas.
La petición de perdón de los 10 internos se realizó, según la versión oficial con motivo de la Navidad. Se produjo justamente cuando en Chile se encuentra abierto el debate sobre si corresponde que los procesados por crímenes de lesa humanidad tengan derecho a beneficios carcelarios y puedan optar a indultos a causa de la edad y de enfermedades, como el resto de los condenados por delitos comunes.
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se ha mostrado a favor de entregar ciertos beneficios carcelarios a los violadores de los derechos humanos, aunque hayan cometido delitos que no prescriben ni pueden recibir la amnistía, de acuerdo con la justicia internacional.
Al ser consultado por la situación de los condenados enfermos en distintas cárceles del país, incluidos los de Punta Peuco, el ministro de Justicia del Gobierno de Michelle Bachelet, Jaime Campos, hace algunas semanas indicó: "Creo que los derechos humanos son válidos para todo el mundo, sin distinción (...) Me parece obvio que los enfermos terminales salgan. Hay que tener un mínimo de humanidad".
Por su parte, Amnistía Internacional emitió una declaración pública en que señala: "Pedir y conceder perdón es un asunto personal y son las víctimas y sus familiares quienes deben dar o no valor a este tardío acto".Al mismo tiempo, el movimiento alentó a Chile a "seguir haciendo esfuerzos por obtener realmente verdad, justicia y reparación, pues los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos han esperado por años".
http://www.uypress.net/
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