ARGENTINA PRO
Una de Popeyes y otra de parientes y jueces full service
POR MEMPO GIARDINELLI
19 de diciembre de 2016
Pagina12 |
Nada se supo de esta historia, y ningún medio oficialista lo mencionó, pero esto sí sucedió. Y merece ser contado.
El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante (CCU) inició paritarias en el mes de junio pasado frente a la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA). Se acordó el 23 por ciento de aumento, sólo por 6 meses y retroactivo al mes de marzo. Se labró un acta que decía que en septiembre se retomarían las reuniones para fijar el nuevo porcentaje, de acuerdo a los índices inflacionarios.
Según los capitanes del CCU, entre septiembre y octubre fue imposible reunirse porque los armadores (las empresas navieras) procuraban que la paritaria quedase en el mismo porcentaje de marzo. Ante la presión por el incumplimiento, en noviembre ofrecieron un 4 por ciento sobre el básico de marzo, que no fue aceptado.
El paro de barcos petroleros se inició el día 5 de noviembre. El CCU coordinó dicho paro por Whatsapp y la respuesta de cientos de capitanes y oficiales fue inmediata y unánime.
Los armadores amenazaron de inmediato con descontar los días de huelga, en claro desacato a la Constitución Nacional, pero sólo lograron que se duplicara la cantidad de barcos a punto de fondear o que no zarparían terminadas las operaciones de carga o descarga.
El Ministerio de Trabajo y las patronales del sector amenazaron con la conciliación obligatoria, pero los capitanes se plantaron en que no sería aceptada y se pararía la flota en pleno si la llegaban a imponer.
Los empresarios y algunos periodistas chirolitas difundieron tergiversaciones y brulotes contra el CCU y sus directivos, incluso pretendiendo vincularlos con el Sindicato de Marítimos (SOMU) que conducía Omar ‘Caballo’ Suárez (desplazado por la presunta comisión de delitos y por lo cual el SOMU fue intervenido), pero la única respuesta que obtuvieron fue el aumento de la cantidad de barcos en paro.
También se amenazó al CCU con una posible, supuesta “crisis terminal”, y de hecho muchos empresarios pretendieron achicar costos bajando el sueldo de los embarcados. La respuesta fue: más barcos al amarre, al tiempo que aumentaban también las manifestaciones de apoyo de diferentes sindicatos, navales o no.
Durante el conflicto no se lavaron tanques ni se trincó carga alguna, y así los buques no podían operar. Para hacerlo debían contratar ranchines y estibadores, con lo que los costos resultaban altísimos para los armadores, que debían pagar extras que nunca habían pagado. Entonces algunos ordenaron a los capitanes tomar prácticos para todos los movimientos, pero ése fue otro costo, alto e inusual. “Así se fueron enterando de que no nos iban a torcer los brazos”, dice con orgullo un directivo del CCU informante de esta columna.
En la segunda semana de noviembre pasado, con el incremento de medidas de acción en los barcos, las negociaciones trabadas y los evidentes perjuicios que sufrían, “los armadores finalmente se dieron cuenta de dónde les dolía el conflicto: en el bolsillo y en las posibilidades de perder contratos”. El informante sonrió, complacido, y completó: “El 11 de noviembre pasado se firmó el acuerdo: los armadores aceptaron todo lo exigido por el Centro e incluso debieron pagar dentro de las 48 horas el salario correspondiente a los días de huelga. De inmediato se levantó la medida y los barcos volvieron a navegar “.
Y cerró el encuentro con una sonrisa: “Esto sucedió hace menos de un mes, pero, ¿usted leyó algo en los diarios; lo vio en lo que bien llama telebasura?”
Mientras tanto, se recalentó el escándalo de las bolsas de dinero robadas hace un año de la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Su hermana Silvina declaró ante el juez Ariel Lijo en la causa que investiga el origen de esos fondos, y confirmó haber donado 10.000 pesos en efectivo a la Fundación SUMA por pedido de su hermana y por cuya donación, al igual que otros 21 donantes, no obtuvo recibo: “No conozco el motivo por el que no se me entregó”, declaró.
Tampoco se sabrá jamás por qué el Banco Central benefició a Angelo Calcaterra, primo favorito del presidente Macri, eliminando una sanción que bloqueaba la compra del Banco Interfinanzas, que tiene sede en un dizque “paraíso fiscal”. Ahora el primo es también banquero, claro, al tiempo que se descubre que dos hermanos de Mauricio Macri hicieron transferencias secretas a bancos suizos cuatro días antes de las elecciones de 2015, y destruyeron la documentación que conduciría a los verdaderos dueños de esos dineros.
Y también quedará en las sombras la verdad en uno de los casos más emblemáticos y perversos de los tribunales argentinos. Ahora gracias al carpetazo de otro juez súbitamente veloz, Julián Ercolini, quien en la causa Papel Prensa sobreseyó y limpió de toda culpa y cargos a los directivos de Clarín y La Nación y otros colaterales del oscuro episodio del traspaso de esa macroempresa monopólica en 1976.
Y para completar la intensa semana judicial, otro juez federal, Claudio Bonadio, llevará nomás a juicio oral a la ex presidenta CFK por el llamado “dólar futuro” (operatorias en el mercado de futuro a menor precio que el de mercado), pero primero se ocupó de sobreseer a quienes se beneficiaron de esa devaluación, todos altos funcionarios del gobierno macrista, ahora limpitos de administración fraudulenta.
Caras y cruces del macrismo en el poder
19 de diciembre de 2016
Pagina12 |
Nada se supo de esta historia, y ningún medio oficialista lo mencionó, pero esto sí sucedió. Y merece ser contado.
El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante (CCU) inició paritarias en el mes de junio pasado frente a la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA). Se acordó el 23 por ciento de aumento, sólo por 6 meses y retroactivo al mes de marzo. Se labró un acta que decía que en septiembre se retomarían las reuniones para fijar el nuevo porcentaje, de acuerdo a los índices inflacionarios.
Según los capitanes del CCU, entre septiembre y octubre fue imposible reunirse porque los armadores (las empresas navieras) procuraban que la paritaria quedase en el mismo porcentaje de marzo. Ante la presión por el incumplimiento, en noviembre ofrecieron un 4 por ciento sobre el básico de marzo, que no fue aceptado.
El paro de barcos petroleros se inició el día 5 de noviembre. El CCU coordinó dicho paro por Whatsapp y la respuesta de cientos de capitanes y oficiales fue inmediata y unánime.
Los armadores amenazaron de inmediato con descontar los días de huelga, en claro desacato a la Constitución Nacional, pero sólo lograron que se duplicara la cantidad de barcos a punto de fondear o que no zarparían terminadas las operaciones de carga o descarga.
El Ministerio de Trabajo y las patronales del sector amenazaron con la conciliación obligatoria, pero los capitanes se plantaron en que no sería aceptada y se pararía la flota en pleno si la llegaban a imponer.
Los empresarios y algunos periodistas chirolitas difundieron tergiversaciones y brulotes contra el CCU y sus directivos, incluso pretendiendo vincularlos con el Sindicato de Marítimos (SOMU) que conducía Omar ‘Caballo’ Suárez (desplazado por la presunta comisión de delitos y por lo cual el SOMU fue intervenido), pero la única respuesta que obtuvieron fue el aumento de la cantidad de barcos en paro.
También se amenazó al CCU con una posible, supuesta “crisis terminal”, y de hecho muchos empresarios pretendieron achicar costos bajando el sueldo de los embarcados. La respuesta fue: más barcos al amarre, al tiempo que aumentaban también las manifestaciones de apoyo de diferentes sindicatos, navales o no.
Durante el conflicto no se lavaron tanques ni se trincó carga alguna, y así los buques no podían operar. Para hacerlo debían contratar ranchines y estibadores, con lo que los costos resultaban altísimos para los armadores, que debían pagar extras que nunca habían pagado. Entonces algunos ordenaron a los capitanes tomar prácticos para todos los movimientos, pero ése fue otro costo, alto e inusual. “Así se fueron enterando de que no nos iban a torcer los brazos”, dice con orgullo un directivo del CCU informante de esta columna.
En la segunda semana de noviembre pasado, con el incremento de medidas de acción en los barcos, las negociaciones trabadas y los evidentes perjuicios que sufrían, “los armadores finalmente se dieron cuenta de dónde les dolía el conflicto: en el bolsillo y en las posibilidades de perder contratos”. El informante sonrió, complacido, y completó: “El 11 de noviembre pasado se firmó el acuerdo: los armadores aceptaron todo lo exigido por el Centro e incluso debieron pagar dentro de las 48 horas el salario correspondiente a los días de huelga. De inmediato se levantó la medida y los barcos volvieron a navegar “.
Y cerró el encuentro con una sonrisa: “Esto sucedió hace menos de un mes, pero, ¿usted leyó algo en los diarios; lo vio en lo que bien llama telebasura?”
Mientras tanto, se recalentó el escándalo de las bolsas de dinero robadas hace un año de la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Su hermana Silvina declaró ante el juez Ariel Lijo en la causa que investiga el origen de esos fondos, y confirmó haber donado 10.000 pesos en efectivo a la Fundación SUMA por pedido de su hermana y por cuya donación, al igual que otros 21 donantes, no obtuvo recibo: “No conozco el motivo por el que no se me entregó”, declaró.
Tampoco se sabrá jamás por qué el Banco Central benefició a Angelo Calcaterra, primo favorito del presidente Macri, eliminando una sanción que bloqueaba la compra del Banco Interfinanzas, que tiene sede en un dizque “paraíso fiscal”. Ahora el primo es también banquero, claro, al tiempo que se descubre que dos hermanos de Mauricio Macri hicieron transferencias secretas a bancos suizos cuatro días antes de las elecciones de 2015, y destruyeron la documentación que conduciría a los verdaderos dueños de esos dineros.
Y también quedará en las sombras la verdad en uno de los casos más emblemáticos y perversos de los tribunales argentinos. Ahora gracias al carpetazo de otro juez súbitamente veloz, Julián Ercolini, quien en la causa Papel Prensa sobreseyó y limpió de toda culpa y cargos a los directivos de Clarín y La Nación y otros colaterales del oscuro episodio del traspaso de esa macroempresa monopólica en 1976.
Y para completar la intensa semana judicial, otro juez federal, Claudio Bonadio, llevará nomás a juicio oral a la ex presidenta CFK por el llamado “dólar futuro” (operatorias en el mercado de futuro a menor precio que el de mercado), pero primero se ocupó de sobreseer a quienes se beneficiaron de esa devaluación, todos altos funcionarios del gobierno macrista, ahora limpitos de administración fraudulenta.
Caras y cruces del macrismo en el poder
