MACARENA VIDAL LIY Pekín 13 JUN 2015
Protesta a favor de la liberación de activistas, en abril en Hong Kong.
/ TYRONE SIU (REUTERS)
Aproximadamente 6.000 ONG extranjeras operan legalmente en China. Muchas otras actúan sin estar registradas debido a los obstáculos legales que existen. Y en torno al 40%, según los cálculos de algunas de ellas, podrían suspender sus actividades y abandonar el país si se aprueba el proyecto de ley que plantea el Gobierno chino para regularlas. Un proyecto de ley que Cámaras de comercio, Gobiernos y organizaciones extranjeras denuncian que impondrá graves límites a las actividades humanitarias o incluso los intercambios culturales.
“Hay mucha preocupación. Nadie sabe qué va a pasar ni se atreve a hacer planes”, afirma una cooperante. El proyecto de ley, ya muy avanzado, podría aprobarse este mismo verano. El plazo para que el público pudiera sugerir enmiendas, parte del procedimiento legal chino, expiró la semana pasada tras registrar centenares de comentarios. Pero sin un proceso transparente se desconoce si alguno llegará a modificar el texto definitivo.
Una de las provisiones más polémicas prevé que las ONG queden bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Pública y no, como ocurría hasta ahora en la mayoría de los casos, ante el Ministerio de Asuntos Civiles. Esta supervisión, denuncian los defensores de los derechos humanos, puede incluir el registro de las instalaciones sin previo aviso o, incluso, sin que la ONG afectada llegue a saberlo nunca.
Para poder funcionar, estas organizaciones tendrán que procurarse un “mentor”, una organización oficial que les respalde y apruebe sus planes anuales. Las ONG foráneas tendrán vetado recibir fondos procedentes de China y no podrán incorporar a trabajadores o voluntarios locales por su cuenta, sino a través de una agencia gubernamental.
El borrador también prohíbe explícitamente actividades que “pongan en peligro (…) la seguridad nacional, la unidad o la solidaridad” o que “ataquen la moralidad social de China”, unos cargos muy vagos que se alegan con frecuencia para detener a activistas. Los representantes de las organizaciones que incumplan la ley -y sus socios locales- podrán ser castigados con medidas que incluyen el arresto administrativo.
En contraste, el Gobierno chino ha relajado desde el año pasado las normas para algunas ONG nacionales, especialmente las que operan en ámbitos que el régimen considera necesarios como el medioambiente o la sanidad, y que ya no tienen obligación de contar con un “mentor” oficial.
La Cámara de Comercio Europea en China ha denunciado que la ley sobre las ONG afectaría a entidades sobre las que sus empresas miembros “dependen para compartir información, investigación, desarrollo de mercado, innovación y actividades corporativas de responsabilidad social”. En términos similares se ha manifestado la Cámara de Comercio estadounidense. La UE es otra de las entidades que ha presentado sugerencias oficiales sobre el contenido de la ley. “Estamos muy preocupados sobre este borrador”, ha indicado un diplomático europeo que ha participado en el proceso.
El Gobierno chino ha asegurado que el proyecto de ley es necesario para garantizar que las ONG extranjeras cuentan con la “suficiente base legal”. Dado el complejo proceso existente hasta ahora, muchas están registradas como oficinas de representación o empresas. Pero el profesor Deng Guosheng, director del Centro de Investigación sobre ONGs de la Universidad de Tsinghua en Pekín, reconoce que el borrador actual “aún no es perfecto, aún contiene problemas, incluida la falta de claridad al definir a las ONG extranjeras y sus actividades”, algo que puede “limitar significativamente los intercambios con el extranjero”.
Para muchos de los afectados, la iniciativa “refleja el pensamiento del régimen”, que prioriza la seguridad nacional y pretende eliminar las trazas de “valores occidentales” como la democracia o la libertad de expresión. “Es consistente con unos esfuerzos más amplios, desde la llegada del presidente Xi Jinping al poder, para poner cortapisas a la sociedad civil y limitar unas libertades civiles ya restringidas”, ha escrito Maya Wang, de la organización Human Rights Watch.
El Gobierno chino prepara otras dos leyes, sobre Seguridad Nacional y sobre Lucha Antiterrorista, que también ha generado amplia preocupación entre los defensores de los derechos humanos y las entidades extranjeras sobre su capacidad de inhibir las libertades o incluso las actividades de las empresas extranjeras.
Eva Pils, especialista en Derecho y la sociedad civil china del King´s College en Londres, considera que estas nuevas normas harán que “cualquiera sea sospechoso de ser un enemigo”. “Son leyes que dicen que cualquier medida para proteger la seguridad nacional es legal”, afirma.
Aunque Deng asegura que la salida de algunas ONG extranjeras de China es un proceso que ya estaba en marcha, pues el nivel de desarrollo del país las hace innecesarias, también admite que “si el proyecto de ley no se modifica y se perfecciona, puede acelerar el proceso de retirada de ONG extranjeras de China” .
El cierre del plazo para entregar comentarios ha coincidido con la publicación del informe anual de China sobre la situación de los derechos humanos en el país, en el que habla de “tremendos logros”. Entre ellos cita el aumento de la producción y de la recaudación de largometrajes y series de dibujos animados.
Aproximadamente 6.000 ONG extranjeras operan legalmente en China. Muchas otras actúan sin estar registradas debido a los obstáculos legales que existen. Y en torno al 40%, según los cálculos de algunas de ellas, podrían suspender sus actividades y abandonar el país si se aprueba el proyecto de ley que plantea el Gobierno chino para regularlas. Un proyecto de ley que Cámaras de comercio, Gobiernos y organizaciones extranjeras denuncian que impondrá graves límites a las actividades humanitarias o incluso los intercambios culturales.
“Hay mucha preocupación. Nadie sabe qué va a pasar ni se atreve a hacer planes”, afirma una cooperante. El proyecto de ley, ya muy avanzado, podría aprobarse este mismo verano. El plazo para que el público pudiera sugerir enmiendas, parte del procedimiento legal chino, expiró la semana pasada tras registrar centenares de comentarios. Pero sin un proceso transparente se desconoce si alguno llegará a modificar el texto definitivo.
Una de las provisiones más polémicas prevé que las ONG queden bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Pública y no, como ocurría hasta ahora en la mayoría de los casos, ante el Ministerio de Asuntos Civiles. Esta supervisión, denuncian los defensores de los derechos humanos, puede incluir el registro de las instalaciones sin previo aviso o, incluso, sin que la ONG afectada llegue a saberlo nunca.
Para poder funcionar, estas organizaciones tendrán que procurarse un “mentor”, una organización oficial que les respalde y apruebe sus planes anuales. Las ONG foráneas tendrán vetado recibir fondos procedentes de China y no podrán incorporar a trabajadores o voluntarios locales por su cuenta, sino a través de una agencia gubernamental.
El borrador también prohíbe explícitamente actividades que “pongan en peligro (…) la seguridad nacional, la unidad o la solidaridad” o que “ataquen la moralidad social de China”, unos cargos muy vagos que se alegan con frecuencia para detener a activistas. Los representantes de las organizaciones que incumplan la ley -y sus socios locales- podrán ser castigados con medidas que incluyen el arresto administrativo.
En contraste, el Gobierno chino ha relajado desde el año pasado las normas para algunas ONG nacionales, especialmente las que operan en ámbitos que el régimen considera necesarios como el medioambiente o la sanidad, y que ya no tienen obligación de contar con un “mentor” oficial.
La Cámara de Comercio Europea en China ha denunciado que la ley sobre las ONG afectaría a entidades sobre las que sus empresas miembros “dependen para compartir información, investigación, desarrollo de mercado, innovación y actividades corporativas de responsabilidad social”. En términos similares se ha manifestado la Cámara de Comercio estadounidense. La UE es otra de las entidades que ha presentado sugerencias oficiales sobre el contenido de la ley. “Estamos muy preocupados sobre este borrador”, ha indicado un diplomático europeo que ha participado en el proceso.
El Gobierno chino ha asegurado que el proyecto de ley es necesario para garantizar que las ONG extranjeras cuentan con la “suficiente base legal”. Dado el complejo proceso existente hasta ahora, muchas están registradas como oficinas de representación o empresas. Pero el profesor Deng Guosheng, director del Centro de Investigación sobre ONGs de la Universidad de Tsinghua en Pekín, reconoce que el borrador actual “aún no es perfecto, aún contiene problemas, incluida la falta de claridad al definir a las ONG extranjeras y sus actividades”, algo que puede “limitar significativamente los intercambios con el extranjero”.
Para muchos de los afectados, la iniciativa “refleja el pensamiento del régimen”, que prioriza la seguridad nacional y pretende eliminar las trazas de “valores occidentales” como la democracia o la libertad de expresión. “Es consistente con unos esfuerzos más amplios, desde la llegada del presidente Xi Jinping al poder, para poner cortapisas a la sociedad civil y limitar unas libertades civiles ya restringidas”, ha escrito Maya Wang, de la organización Human Rights Watch.
El Gobierno chino prepara otras dos leyes, sobre Seguridad Nacional y sobre Lucha Antiterrorista, que también ha generado amplia preocupación entre los defensores de los derechos humanos y las entidades extranjeras sobre su capacidad de inhibir las libertades o incluso las actividades de las empresas extranjeras.
Eva Pils, especialista en Derecho y la sociedad civil china del King´s College en Londres, considera que estas nuevas normas harán que “cualquiera sea sospechoso de ser un enemigo”. “Son leyes que dicen que cualquier medida para proteger la seguridad nacional es legal”, afirma.
Aunque Deng asegura que la salida de algunas ONG extranjeras de China es un proceso que ya estaba en marcha, pues el nivel de desarrollo del país las hace innecesarias, también admite que “si el proyecto de ley no se modifica y se perfecciona, puede acelerar el proceso de retirada de ONG extranjeras de China” .
El cierre del plazo para entregar comentarios ha coincidido con la publicación del informe anual de China sobre la situación de los derechos humanos en el país, en el que habla de “tremendos logros”. Entre ellos cita el aumento de la producción y de la recaudación de largometrajes y series de dibujos animados.
