En 2013, cuando fue trasladada de la justicia penal a la civil, investigaba 50 casos de desaparición, asesinato y tortura. La experiencia la llevó a crear un método para investigar a partir de indicios mínimos. En esta entrevista, la jueza Mariana Mota desmiente abiertamente las últimas afirmaciones de Fernández Huidobro sobre la forma en que Defensa maneja la información militar.
Foto: A. Arigón
—¿Cómo fue su experiencia investigando causas de violaciones a los derechos humanos?
—Al entrar al juzgado en 2009 encontré casos de muchos años atrás, sin información y sin gente formada. Había que arremangarse y ponerse a estudiar, no sólo normativa y jurisprudencia, sino historia. Buscar información significa revisar archivos y, obviamente, incorporar la que brindan los testigos y los denunciantes. El aporte y la ayuda que han dado las víctimas han sido siempre fundamentales. Pero hay lugares a los que ellos no acceden. En definitiva, necesitás una forma para buscar elementos que no te los da nadie.
—¿Cuál fue su método para investigar?
—Había causas en las que lo único que tenías era un muerto, que había sido entregado a la familia con una causa de muerte que usualmente era falsa. Eso fue lo que ocurrió en el caso de Aldo Perrini. Yo tenía 20 causas de muertos. De algunos había una reseña histórica en los libros de investigación de Álvaro Rico. Era como tener un índice con elementos sobre los que profundizar. Buscábamos el expediente anterior (del período entre la democracia y la ley de caducidad). O si había documentos en los archivos de las causas penales militares. Eso está en el Poder Judicial, microfilmado. Si encontrabas que la víctima había sido interrogada, más allá de la veracidad de las actas, y encontrabas que había estado detenida con otro individuo, buscábamos a ese otro. Era paso a paso. De donde iba saliendo información, buscábamos más. Así vas armando una causa.
—¿Y cuando había que pedirla al Ministerio de Defensa? Esta semana el ministro publicó una carta en la que sostiene que “siempre han brindado información” y que se han respondido 211 de los 237 oficios cursados a esa cartera desde 2011.
—Lo que dice Huidobro es muy indignante. Es tomarle el pelo a la gente. Decir esas barbaridades es no saber nada de cómo funciona un proceso. Las veces que le pedimos información demoraba muchísimo en contestarla, cuando no contestaba que “no se tenía información”.
—¿Esa era una respuesta usual?
—Sí. Él sostiene que desde la justicia se le piden datos sobre el “Conejo” o el “Negro”. Jamás le pedí y me parece absurdo pedirle a cualquier persona: “dame el domicilio del Negro”. A veces, como bien dice, lo único que los detenidos tenían era el apodo, pero entonces nosotros buscábamos. Cruzábamos esa información con la de otros testigos hasta que lográbamos tener el apellido del Negro. Si el apellido era López, teníamos un problema, porque no podíamos pedir información de “un tal López”. Pero si teníamos apellidos que no eran comunes, los pedíamos por ese apellido. Agregábamos el batallón en el que revistaba y un margen de fechas para guiar la búsqueda. Así eran los pedidos. Recuerdo un caso en el que estaba pidiéndole información de Ferro, un militar implicado en muchas causas, pero principalmente en el secuestro de Lilián Celiberti. Teníamos nombre, apellido no común, la unidad en que había estado y el año. Contestaron que no sabían. Lo que respondían era que precisaban más datos: el nombre completo, la cédula de identidad, a veces incluso ponían un “etcétera”. Hasta ahora no sé qué significaba ese “etcétera”. El dato que pedíamos era la dirección del militar para citarlo al juzgado.
—¿Cómo lo resolvían?
—Si era un apellido no muy común, pedíamos el número de cédula a Identificación Civil. Si nos daban tres o cuatro respuestas para el mismo nombre las íbamos descartando por el número de cédula y la edad. Con eso, pedíamos la dirección al Bps. Teníamos que dar toda la vuelta, porque el Ministerio de Defensa no nos decía dónde vivían.
—La carta del ministerio alega la falta de recursos humanos y económicos como excusa para las demoras en responder a los pedidos.
—Frente a eso yo me pregunto: el Frente Amplio está en el gobierno desde el año 2005, ¿no era un imperativo investigar en las causas de derechos humanos? No digo que se dedicara todo el gobierno a esto, pero ¿no sabía el Ministerio de Defensa que asumía que lo primero que tenía que hacer era ponerse a buscar dónde estaban estas personas y cuál era la información que le tenían que brindar a la justicia? Nadie iba a pedir cosas absurdas, simplemente lo que se está pidiendo son direcciones, legajos, responsables de las unidades militares.
—También excusan las demoras en el tamaño de los legajos.
—Es mentira que cada legajo tenga 200 fojas. Tuve muchos legajos en las manos. Recuerdo alguno particularmente alto, como el de Calcagno, que ya murió, pero al que procesé por desaparición forzada. El de Calcagno tendría 200 fojas porque tenía un sumario enorme, se había mandado una macana de aquellas. El resto no las tenía. Los que tenían legajos grandes eran los militares más importantes, y tampoco eran tantos. Nosotros no pedíamos los legajos de los cabos, sino de los que entendíamos que tenían responsabilidades. Vi que la carta también menciona que no se han encontrado registros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa). ¿Cómo no van a saber nada? Si está en los legajos de los militares que revistaban en el Ocoa…
—La carta refiere también a un decreto de 2013 en el que se ofreció a los jueces que revisaran los archivos en las unidades militares.
—A mí ya me habían sacado del juzgado penal en ese momento. Pero es, otra vez, desconocer la forma en que funciona la justicia. Yo no hago lo que se me da la gana. Traigo la información al juzgado, porque tiene que verla la defensa y el fiscal. No puedo hacer una investigación secreta, no puedo ir a un archivo y ponerme a buscar. Si sé o sospecho de algo que haya en un archivo, lo tengo que pedir oficialmente.
—Para que tenga validez de prueba.
—Claro. Lo que dice es un disparate. Es también acertado lo que le dice Pablo Chargoñia: precisás conocimientos para entender lo que estás leyendo. Hay jerga y estructuras militares que, para entenderlas, tenés que conocer. Lo vas manejando en la medida en que vas trabajando en las causas, pero hay que aprenderlo. No es cuestión de entrar a un archivo y mirar una serie de páginas como quien mira una guía de los clasificados.
—Con esa experiencia, ¿cuáles serían las claves para la investigación a tener en cuenta por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia recién creado?
—Hay determinados cometidos que le fueron dados que requieren facultades especiales para poder llevarlos adelante. Para investigar dónde están los archivos de la represión que no han aparecido no alcanza con golpear y preguntar. Hay indicios de dónde podrían estar, que, de confirmarse, se necesitan facultades para ir, entrar y sacarlos. No sé si el grupo cuenta con ellas o se lo pasarán a un juez. Para tomar declaración a testigos hay que estar empapado en el caso. A la par, y eso lo descuento porque el grupo tiene muy buena gente, deben tener la sensibilidad necesaria para tomar testimonio. Es enorme el campo que tienen para trabajar, eso es bueno, pero puede paralizar. En Uruguay siempre estamos empezando. En este tema que lleva tanto tiempo obstaculizado, sería buenísimo que coordinara con otros grupos que investiguen y que esas actuaciones fueran tan válidas como si las hiciera el grupo mismo. Hacer alianzas con quien sea necesario según cada finalidad.
El episodio del 300 Carlos
“Estábamos con los testigos en el Batallón 13 intentando ubicar el 300 Carlos. Testigos que eran víctimas. Tenían en la retina un galpón en el que los habían torturado, pero no sabían dónde estaba. Era la cuarta inspección ocular que hacía en batallones. Habíamos hecho todas las solicitudes, oficios y avisos necesarios. Iba con la Policía Técnica, que sacaba fotos: para eso se hace la inspección ocular, los testigos constatan o no el lugar y se sacan fotos de lo que ellos reconocen como parte de la prueba del expediente. A la vez tenía un efecto reparatorio para las víctimas, que también era importante. Volvían al lugar como denunciantes. Recorrimos todo el predio del 13 y nada. Cuando llegamos al fondo, que se comunica con el del Servicio de Material y Armamento (Sma), reconocieron el galpón en el predio de al lado. Cuando entramos, el director del Sma, de apellido Lozano, no recuerdo su grado militar, nos dice que no podemos sacar fotos.
Expliqué que ese era el motivo de la visita. No hubo caso. Le pedí que consultara. Lozano habló por teléfono y me informó que ‘el ministro dice que no se puede sacar fotos’. Pedí a la actuaria que consignara lo dicho y que dejara constancia de mi respuesta en el acta: ‘Dígale al ministro que tiene 48 horas para enviar la información escrita de su negativa al juzgado’. Nunca apareció la negativa. Jamás.
Entramos y lo reconocieron. El galpón del Sma en donde funcionó el 300 Carlos estaba arrumbado, cerrado, con cachivaches. Nos negaban la entrada porque decían que ahí había material sensible. Cuando otro día volví con la Técnica a sacar fotos ya éramos cerca de 20 personas, porque se habían sumado denunciantes de otras causas que también habían sido torturados ahí. El ministro nunca dio la orden escrita, fue el subsecretario Menéndez el que nos habilitó para volver a entrar.”
