ARGENTINA. DDHH.
A días de la asunción de Kaufmann Brea (Arcor), la cúpula de la entidad se opuso a que el Congreso identifique las complicidades de sector privado con el régimen cívico-militar
01 de Octubre de 2015
A pocos días de la asunción del directivo de Arcor Adrián Kaufmann Brea al frente de la Unión Industrial Argentina (UIA), la entidad empresaria formuló un planteo inédito en democracia: se opuso a que el Congreso de la Nación investigue la complicidad de los empresarios y hombres de negocios con la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia reciente de la Argentina.
A pocos días de la asunción del directivo de Arcor Adrián Kaufmann Brea al frente de la Unión Industrial Argentina (UIA), la entidad empresaria formuló un planteo inédito en democracia: se opuso a que el Congreso de la Nación investigue la complicidad de los empresarios y hombres de negocios con la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia reciente de la Argentina.
A través de un escueto comunicado de dos párrafos que, prácticamente, no ofrece explicaciones frente al cariz y la importancia de los hechos, la Junta Directiva de la Unión Industrial, sin firma, manifestó "su rechazo al proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral de identificación de las posibles complicidades económicas durante la última dictadura militar". En el mismo párrafo, la organización empresaria juzgó que "cualquier investigación sobre el particular, que se realice a ciudadanos u organizaciones de la sociedad, debe llevarse a cabo por las vías institucionales que corresponden".
En ningún momento,la UIA hace referencia a la potestad que le concierne al Congreso, en su condición de poder representativo de todos los argentinos, de llevar adelante una investigación imparcial que apunte a identificar a aquellos integrantes de los sectores económicos-financieros que fueron los ideólogos de los militares responsables de la desaparición de 30.000 personas y de miles de muertes, torturas y distintos vejámenes económicos y sociales.
En ningún momento,la UIA hace referencia a la potestad que le concierne al Congreso, en su condición de poder representativo de todos los argentinos, de llevar adelante una investigación imparcial que apunte a identificar a aquellos integrantes de los sectores económicos-financieros que fueron los ideólogos de los militares responsables de la desaparición de 30.000 personas y de miles de muertes, torturas y distintos vejámenes económicos y sociales.
El único antecedente institucional de estas características es la solicitada pública que la Sociedad Rural publicó en el diario La Nación el 24 de marzo de 1977 en conmemoración del primer aniversario de la dictadura militar y apoyando explícitamente el golpe de Estado.
"El derecho de defensa y la independencia de quienes deben juzgar los eventuales ilícitos solamente pueden ser garantizados mediante procesos realizados por el Poder Judicial, ya que éste es el único Poder con facultades constitucionales para administrar Justicia", señaló ayer el poder fáctico de la Unión Industrial.
Sin embargo, en ningún tramo de este llamativo comunicado, la junta de la UIA hizo referencia a que los principales reclamos de los miles de damnificados de la dictadura denuncian justamente que los responsables civiles y militares jamás les ofrecieron al posibilidad de ser juzgados en tribunales como establece la constitución argentina sino que simplemente los torturaron y los desaparecieron.
