ARGENTINA
“Hoy hacer una discusión sobre la economía argentina sin abordar todas las derivaciones de la cuestión de los fondos buitre es obviar una cuestión central”, comentó a Página/12 esta semana, durante una extensa charla, uno de los responsables del Cefid.Ar, Guillermo Wierzba, quien está a cargo de la organización de un seminario que en los próximos días discutirá sobre “Crisis Mundial -
Por Raúl Dellatorre
Nuevos paradigmas y experiencias emergentes”. Y es que la forma en que el Gobierno encaró el tema, por un lado, y la postura asumida por referentes políticos y económicos de la oposición, por otro (analizada en la nota central de estas páginas por Alfredo Zaiat), definen en gran parte el lugar que le otorgan a la Argentina en una nueva configuración mundial, que surgirá cuando las réplicas de la crisis de 2008 hayan quedado definitivamente atrás.
Esa crisis fue la consecuencia de un abuso de poder, el que ejerció un capital financiero dominante que terminó dislocando el funcionamiento de los mercados de materias primas, el sistema bancario, el flujo de capitales y el comercio mundial. Lógicamente, para lograr su objetivo –que no era producir el descalabro, sino producir fenomenales ganancias aun a costa de un descalabro global–, primero hubo que imponer una “desregulación” aceptada por todo el mundo económico, la pérdida de poder de los Estados nacionales tanto para controlar como para ejercer sus derechos soberanos. Incluso ante los tribunales extranjeros para defender los derechos del país frente a un interés privado, aunque éste fuera groseramente especulativo.
El fenómeno “fondos buitre” no es una consecuencia de la crisis, sino que es previo, estuvo en su génesis. Es parte de la construcción del poder de ese capital financiero que necesita barrer con el derecho a defensa de los Estados nacionales. Es decir, necesita un cuerpo de Justicia que se colusione con sus intereses. La Justicia que cumplió ese rol fue la de Estados Unidos.
“La colusión de intereses es evidente”, planteó Wierzba a Página/12. “La cuestión de los fondos buitre es un tema político, no estrictamente financiero como pretenden algunos. Hay un negocio privado y hay una especialización de los fondos buitre en este tipo de negocios de alto riesgo. Pero la Justicia norteamericana está interviniendo, sentando posición en forma arbitraria, ajena a derecho, a favor de los intereses de los fondos buitre. Ahora, si no se contara con esa intervención de la Justicia, si los fondos buitre no estuvieran seguros de ella, no se justificaría el negocio”, definió el director de Cefid.Ar.
Argentina, desde el Gobierno, enfrentó el tema poniendo la política por delante de la economía. “Es lo correcto –opinó Wierzba–. Es lo que correspondía y es una posición sólidamente sostenida, pero uno de los pilares de esta estrategia es mantener este posicionamiento a futuro.”
Anticipando un debate que seguramente volverá darse el jueves, en el seminario que se desarrollará en el Salón de Actos del Banco Nación, Wierzba respondió, a la pregunta de cómo se imagina ese futuro, tras las elecciones, con otro interrogante a manera de hipótesis. “Muchos especulan con el cambio de gobierno, suponiendo un cambio hacia una posición más negociadora. ¿Y qué pasa si el próximo gobierno se planta y no acepta pagar en condiciones que no sean las ya pactadas en el canje? ¿Por qué vamos a generar expectativas de que la política respecto de los fondos buitre va a ser distinta, si la realidad es que el Gobierno actual demostró los límites del accionar de los buitres y la Justicia norteamericana? La realidad es que llegaron hasta un punto, no se les pagó, y no pudieron seguir más allá. Mantener la posición de Argentina y no terminar derrotados en la batalla con los buitres es un tema esencial también para la próxima administración.”
Las razones para esta última afirmación se podrán encontrar si se acepta que la de los buitres no es una batalla aislada, sino que es parte de una gran guerra. La guerra de los viejos paradigmas neoliberales que tratan de volver a imponerse. La Argentina la libra en varios frentes.
Uno es el de los foros internacionales, donde trata de impone la necesidad de una reforma estatutaria que introduzca un nuevo régimen internacional que regule la reestructuración de deudas soberanas, defendiendo el derecho de los países a transitar ese camino sin riesgos a un ataque buitre en cualquier atajo. ¿Por qué hay quienes se resisten a un régimen de regulación que el propio sistema financiero mundial admite como necesario? “Cuando se discute en foros internacionales, la única oposición es en base al argumento de que cualquier intervención pública va a afectar el desarrollo, porque la falta de libertad, de confianza en el mercado, va a ahuyentar las inversiones: ahí se ve surgir el paradigma de la no injerencia de la política en la economía”, respondió Wierzba.
Otro frente es el comercial, donde el país, como miembro del Mercosur, tuvo que debatir esta última semana en Bruselas sobre un tratado de libre comercio con la Unión Europea cuyas condiciones y consecuencias no distan mucho del contenido del ALCA, el TLC de las Américas que fue derrotado en la Cumbre de 2005 en Mar del Plata. El retorno del mismo debate es un reflejo de la crisis: en Europa, que intenta imponer su modelo neoliberal para volver a América latina, y en Brasil, donde los grupos económicos más ligados al capital financiero desplazaron al empresariado industrial paulista, alcanzando incluso a tener peso en el gobierno del PT.
Un tercer frente de ataque sobre Argentina, derivado de la crisis mundial, ha sido el de la fuga de capitales, ahora con las revelaciones que surgen de las investigaciones en los casos HSBC y JP Morgan. La fuga no es un fenómeno que tenga que ver con falencias de las economías locales: es un fenómeno global y responde a la lógica de acumulación del capital financiero y al comportamiento de las burguesías locales. En Argentina, el último proceso de fuga se aceleró en pleno auge de la economía, con un crecimiento superior al 7 por ciento anual, acumuló 150 mil millones de dólares de activos fugados desde 2003 hasta 2012, y dejó reflejados quiénes son los que fugan. “Una burguesía diversificada en sus negocios, los que más ganan cuando el país crece pero buscan llevarse al exterior los resultados: no son un bloque social que pueda engarzarse en una política de desarrollo”, los describió Wierzba. “Países como los nuestros no pueden ser abiertos financieramente, deben vigilar, controlar e impedir estos movimientos”, agregó.
Vinculado a esta última recomendación, surge el cuarto frente de combate: la discusión sobre las políticas de Estado relacionadas con el mercado cambiario y financiero. En opinión del titular del Cefid.Ar, “la administración cambiaria, con regulaciones que suponen un sistema de cambios múltiples, es importante como herramienta para un modelo de industrialización y desarrollo y debería reafirmarse tal cual hacia futuro, y no como una cuestión coyuntural, en camino a una futura unificación y liberación cambiaria”. No es casual ni inocente el intento de instalar el debate sobre la supuesta “necesidad” de un tipo de cambio libre y único, un mercado abierto de divisas y la eliminación de los controles, regulaciones y “el cepo”. Los viejos paradigmas no se dan por vencidos.
