URUGUAY
Se "enturbia" el negocio de la proyectada regasificadoraEl consorcio GNLS (integrado en partes iguales por la firma belga GDF Suez y la japonesa Marubeni) "engañó", "jugó su partido, al límite más allá de la legalidad", montó "una estratagema" y una "maniobra meticulosa y sofisticada" con "el objetivo principal de obtener un provecho injusto de sumas millonarias en dólares".
15 oct 2015
La obra ya debería estar operativa, pero el avance en dos años es muy escaso y está parada.
15 oct 2015
Ese es el resumen de la denuncia penal por estafa que la empresa Costa Fortuna presentó contra ejecutivos de GNLS en un Juzgado de Crimen Organizado.
El pasado domingo, el diario El Observador dio cuenta que hace dos meses se presentó la denuncia y "está siendo tramitada por la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez".
El País accedió a la demanda y a las consultas que la empresa Costa Fortuna —constructora de estructuras de pilotaje para obras de gran porte— realizó con los catedráticos en derecho penal Gastón Chaves y Gonzalo Fernández.
En la denuncia patrocinada por los abogados Carlos Mosqueira y Florencio Macedo, se pone en blanco sobre negro que la firma GNLS y la constructora designada por esta (la brasileña OAS) nunca llegaron a tener el "Proyecto Ejecutivo" final de la obra de la regasificadora en casi dos años. También se denuncia que GNLS realizó una estratagema por la que se embolsó US$ 140 millones (ver aparte).
El País intentó consultar a los representantes de GNLS quienes por ahora prefieren no hacer declaraciones al entender que el tema está en el ámbito jurídico.
Los hechos.
El 1° de octubre de 2013 se suscribió el contrato entre Gas Sayago (la empresa conformada por UTE y Ancap para licitar y adjudicar la regasificadora) y GNLS (quien resultó adjudicatoria tras un llamado internacional).
Así GNLS se comprometía a construir una escollera y dos muelles para un barco regasificador. Además, GNLS iba a operar la regasificadora y por 15 años, Gas Sayago le iba a pagar unos US$ 14 millones por mes (unos US$ 2.520 millones en total). Días después, GNLS contrató a la brasileña OAS que se encargaría de la ejecución de las obras y de la elaboración del "Proyecto Ejecutivo" de la misma. Según la denuncia, OAS encomendó ese proyecto a EGT, una de las tres empresas proyectistas que había elaborado para GNLS el anteproyecto con el que ganó la licitación.
A su vez, "GNLS se reservó las más estrictas y completas facultades de supervisión constante de los trabajos realizados por OAS y por las empresas que ésta subcontratara".
El 20 de diciembre de 2013, OAS contrató a Costa Fortuna para realizar "pilotes tubulares metálicos y pinos en roca" por lo que iba a pagarle US$ 23 millones. OAS podía rescindir unilateralmente el contrato "solo a partir de que el mismo tuviera un avance equivalente al 70% de los servicios", esto es US$ 16,1 millones, según el escrito.
Al 1° de abril de 2014, OAS debía entregar a Costa Fortuna el "Proyecto Ejecutivo" de la obra, lo que no ocurrió. El 1° de agosto de 2014 se autoriza a Costa Fortuna el inicio del "hincaje de los pilotes". El 24 de octubre terminó con los dos necesario para una prueba de carga. En todo ese período fueron intercambiados varios "borradores" de planos.
El 19 de noviembre de 2014 se entrega a Costa Fortuna un nuevo plano preliminar "que tampoco nunca se convirtió en Proyecto Ejecutivo" y que "cambió sustancialmente" los preliminares. Estos nuevos planos fueron elaborados, ya no por EGT sino por Tractebel "una prima hermana de GNLS". Según la denunciante esto "evidencia que a partir de ese momento, (...) GNLS también pasa a asumir, participar y/o tener injerencia abierta y directa en la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra de pilotaje".
El 29 de diciembre "GNLS pagó a Costa Fortuna en forma directa, vía transferencia bancaria, sus dos certificados de obra por US$ 1.368.506,35 y el 5 de febrero de 2015 "pagó nuevamente" su certificado de obra por US$ 641.660.
Eso llevó a pensar a Costa Fortuna que GNLS tenía interés en continuar el proyecto. Pero, el 20 de marzo de 2015 OAS noticia a Costa Fortuna que "fue sorprendida" por una notificación de GNLS que prevé el termino anticipado del contrato. A fin de marzo, trasciende que GNLS notificó su voluntad de rescindir el contrato de forma unilateral porque OAS incumplió en elaborar el proyecto ejecutivo y de inmediato le ejecutó una garantía de US$ 126 millones y no le pagó el último certificado de avance de obra de US$ 15 millones. El 2 de abril, OAS notifica a Costa Fortuna la rescisión del contrato y cuatro días después se presentó a Concurso Voluntario de acreedores.
"Antes del período marzo/abril nunca GNLS ni OAS avisaron a Costa Fortuna y/o a demás subcontratistas la posible ruptura contractual total" sino que "por el contrario" entre fines de octubre y febrero de 2015, "los múltiples actos e injerencias materiales y contractuales directas de GNLS" buscaron "generar en forma objetiva y razonable en Costa Fortuna (y demás subcontratistas), la fuerte y ficticia apariencia y creencia opuestas", dice el escrito.
En la denuncia patrocinada por los abogados Carlos Mosqueira y Florencio Macedo, se pone en blanco sobre negro que la firma GNLS y la constructora designada por esta (la brasileña OAS) nunca llegaron a tener el "Proyecto Ejecutivo" final de la obra de la regasificadora en casi dos años. También se denuncia que GNLS realizó una estratagema por la que se embolsó US$ 140 millones (ver aparte).
El País intentó consultar a los representantes de GNLS quienes por ahora prefieren no hacer declaraciones al entender que el tema está en el ámbito jurídico.
Los hechos.
El 1° de octubre de 2013 se suscribió el contrato entre Gas Sayago (la empresa conformada por UTE y Ancap para licitar y adjudicar la regasificadora) y GNLS (quien resultó adjudicatoria tras un llamado internacional).
Así GNLS se comprometía a construir una escollera y dos muelles para un barco regasificador. Además, GNLS iba a operar la regasificadora y por 15 años, Gas Sayago le iba a pagar unos US$ 14 millones por mes (unos US$ 2.520 millones en total). Días después, GNLS contrató a la brasileña OAS que se encargaría de la ejecución de las obras y de la elaboración del "Proyecto Ejecutivo" de la misma. Según la denuncia, OAS encomendó ese proyecto a EGT, una de las tres empresas proyectistas que había elaborado para GNLS el anteproyecto con el que ganó la licitación.
A su vez, "GNLS se reservó las más estrictas y completas facultades de supervisión constante de los trabajos realizados por OAS y por las empresas que ésta subcontratara".
El 20 de diciembre de 2013, OAS contrató a Costa Fortuna para realizar "pilotes tubulares metálicos y pinos en roca" por lo que iba a pagarle US$ 23 millones. OAS podía rescindir unilateralmente el contrato "solo a partir de que el mismo tuviera un avance equivalente al 70% de los servicios", esto es US$ 16,1 millones, según el escrito.
Al 1° de abril de 2014, OAS debía entregar a Costa Fortuna el "Proyecto Ejecutivo" de la obra, lo que no ocurrió. El 1° de agosto de 2014 se autoriza a Costa Fortuna el inicio del "hincaje de los pilotes". El 24 de octubre terminó con los dos necesario para una prueba de carga. En todo ese período fueron intercambiados varios "borradores" de planos.
El 19 de noviembre de 2014 se entrega a Costa Fortuna un nuevo plano preliminar "que tampoco nunca se convirtió en Proyecto Ejecutivo" y que "cambió sustancialmente" los preliminares. Estos nuevos planos fueron elaborados, ya no por EGT sino por Tractebel "una prima hermana de GNLS". Según la denunciante esto "evidencia que a partir de ese momento, (...) GNLS también pasa a asumir, participar y/o tener injerencia abierta y directa en la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra de pilotaje".
El 29 de diciembre "GNLS pagó a Costa Fortuna en forma directa, vía transferencia bancaria, sus dos certificados de obra por US$ 1.368.506,35 y el 5 de febrero de 2015 "pagó nuevamente" su certificado de obra por US$ 641.660.
Eso llevó a pensar a Costa Fortuna que GNLS tenía interés en continuar el proyecto. Pero, el 20 de marzo de 2015 OAS noticia a Costa Fortuna que "fue sorprendida" por una notificación de GNLS que prevé el termino anticipado del contrato. A fin de marzo, trasciende que GNLS notificó su voluntad de rescindir el contrato de forma unilateral porque OAS incumplió en elaborar el proyecto ejecutivo y de inmediato le ejecutó una garantía de US$ 126 millones y no le pagó el último certificado de avance de obra de US$ 15 millones. El 2 de abril, OAS notifica a Costa Fortuna la rescisión del contrato y cuatro días después se presentó a Concurso Voluntario de acreedores.
"Antes del período marzo/abril nunca GNLS ni OAS avisaron a Costa Fortuna y/o a demás subcontratistas la posible ruptura contractual total" sino que "por el contrario" entre fines de octubre y febrero de 2015, "los múltiples actos e injerencias materiales y contractuales directas de GNLS" buscaron "generar en forma objetiva y razonable en Costa Fortuna (y demás subcontratistas), la fuerte y ficticia apariencia y creencia opuestas", dice el escrito.
"Apariencia objetiva de delito de estafa".
Tanto las consultas con Chaves como con Fernández establecen que la maniobra que habría realizado GNLS consistió en embolsarse US$ 126 millones de la garantía que le ejecutó a la brasileña OAS, más US$ 15 millones que no le pagó del último certificado de avance de obra. La excusa de GNLS para rescindir el contrato de OAS y ejecutarle la garantía es "poco creíble", según la denuncia ya que aduce diferencias técnicas. Fernández expresa que esto parece "un proceso meticulosamente planificado para que GNLS de buenas a primeras se embolsara más de US$ 140 millones, en tanto Costa Fortuna y los demás subcontratistas que confiaron en ella quedaban en la ruina económica". Como luego le abonó US$ 100 millones al Estado (por la rescisión del contrato que ocurrió días atrás), le quedan "US$ 40 millones" de "suculenta y apetecible ganancia", afirma el catedrático. Para Fernández, los hechos "configuran" la "apariencia objetiva de un delito de estafa".
Embargo y consultas a Japón y Francia.
En la denuncia que realiza Costa Fortuna se afirma que “GNLS (a través de sus operadores personales), cambió la vieja y gráfica ‘ecuación’ de la época colonizadora europea (‘dar a nativos espejitos de colores a cambio de oro’), por otra ‘ecuación’ más moderna y sofisticada, pero igual de efectiva (cambiar un mega proyecto de ingeniería energética realizable, visible y rentable solo en el papel o en animaciones fílmicas de computadora, por muchos millones en dinero fresco y por la ruina de empresarios uruguayos, pero sin construir ese mega proyecto ofertado)”.
Según la denuncia, GNLS, directa e indirectamente a través de OAS, le ocasionó “un perjuicio” a Costa Fortuna “por US$ 4.304.618,38 por obras realizadas y no pagas”, así como “más de US$ 5.416.736,64 por lo que faltaría abonar por OAS como mínimo para poder rescindir unilateralmente el contrato suscrito con Costa Fortuna”. Por eso, pide como medida “cautelar” la “inmovilización de fondos por hasta US$ 10 millones” a GNLS.
A su vez, solicita oficios e intimaciones varias. Entre ellas al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC por sus siglas en inglés) pide información sobre el crédito solicitado por GNLS por US$ 500 millones y que le habría sido otorgado y al estudio Jiménez de Aréchaga, Viana y Brause que actuó como asesor de los organismos. También pide que se solicite información al Ministerio de Hacienda o Economía de Francia y Japón para que informen si GDF Suez y Marubeni declararon en sus balances la financiación a largo plazo antedicha y si la misma impactó fiscalmente (como forma de reducción de ingresos o ganancias). Por otro lado, solicita que la Justicia pida “al banco Santander (casa central de Uruguay) “listado de las cuentas bancarias individuales de las empresas Riklur hoy GNLS S.A., GDF Suez y Marubeni” y si en el banco “ingresó a partir del 15 de marzo de 2015 una transferencia del exterior por un importe superior a US$ 110 millones” como pago a GNLS de la garantía de OAS. Al Banco Central que se le pida también información de esa transferencia en el “circuito bancario nacional”.
Tanto las consultas con Chaves como con Fernández establecen que la maniobra que habría realizado GNLS consistió en embolsarse US$ 126 millones de la garantía que le ejecutó a la brasileña OAS, más US$ 15 millones que no le pagó del último certificado de avance de obra. La excusa de GNLS para rescindir el contrato de OAS y ejecutarle la garantía es "poco creíble", según la denuncia ya que aduce diferencias técnicas. Fernández expresa que esto parece "un proceso meticulosamente planificado para que GNLS de buenas a primeras se embolsara más de US$ 140 millones, en tanto Costa Fortuna y los demás subcontratistas que confiaron en ella quedaban en la ruina económica". Como luego le abonó US$ 100 millones al Estado (por la rescisión del contrato que ocurrió días atrás), le quedan "US$ 40 millones" de "suculenta y apetecible ganancia", afirma el catedrático. Para Fernández, los hechos "configuran" la "apariencia objetiva de un delito de estafa".
Embargo y consultas a Japón y Francia.
En la denuncia que realiza Costa Fortuna se afirma que “GNLS (a través de sus operadores personales), cambió la vieja y gráfica ‘ecuación’ de la época colonizadora europea (‘dar a nativos espejitos de colores a cambio de oro’), por otra ‘ecuación’ más moderna y sofisticada, pero igual de efectiva (cambiar un mega proyecto de ingeniería energética realizable, visible y rentable solo en el papel o en animaciones fílmicas de computadora, por muchos millones en dinero fresco y por la ruina de empresarios uruguayos, pero sin construir ese mega proyecto ofertado)”.
Según la denuncia, GNLS, directa e indirectamente a través de OAS, le ocasionó “un perjuicio” a Costa Fortuna “por US$ 4.304.618,38 por obras realizadas y no pagas”, así como “más de US$ 5.416.736,64 por lo que faltaría abonar por OAS como mínimo para poder rescindir unilateralmente el contrato suscrito con Costa Fortuna”. Por eso, pide como medida “cautelar” la “inmovilización de fondos por hasta US$ 10 millones” a GNLS.
A su vez, solicita oficios e intimaciones varias. Entre ellas al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC por sus siglas en inglés) pide información sobre el crédito solicitado por GNLS por US$ 500 millones y que le habría sido otorgado y al estudio Jiménez de Aréchaga, Viana y Brause que actuó como asesor de los organismos. También pide que se solicite información al Ministerio de Hacienda o Economía de Francia y Japón para que informen si GDF Suez y Marubeni declararon en sus balances la financiación a largo plazo antedicha y si la misma impactó fiscalmente (como forma de reducción de ingresos o ganancias). Por otro lado, solicita que la Justicia pida “al banco Santander (casa central de Uruguay) “listado de las cuentas bancarias individuales de las empresas Riklur hoy GNLS S.A., GDF Suez y Marubeni” y si en el banco “ingresó a partir del 15 de marzo de 2015 una transferencia del exterior por un importe superior a US$ 110 millones” como pago a GNLS de la garantía de OAS. Al Banco Central que se le pida también información de esa transferencia en el “circuito bancario nacional”.
