El fenómeno de la violencia y la inseguridad asociado a la droga ha llegado a la Argentina. Los orígenes de este negocio ilegal y gran parte de sus beneficiarios se encuentran y actúan fuera de nuestras fronteras, aunque siempre tienen socios nacionales. Por ello mismo, estamos ante una problemática que no solo afecta a nuestro país sino que constituye un fenómeno de estructura y alcance global.
Por Nilda Garré *
En nuestra sociedad, existe una instalada percepción de que las fuerzas de seguridad y en menor grado la justicia, están siendo sobrepasadas por la capacidad corruptora y el poder de fuego, más conocida como la estrategia de “plata o plomo”, del crimen organizado. La primera y natural reacción es que el Estado responda con más eficiencia y mayores capacidades para neutralizar los deplorables efectos de esta actividad delictiva. En esto, todos estamos de acuerdo.
Sin embargo, en el ámbito de la campaña electoral, los oportunistas en busca de votos que adoptan el discurso de “mano dura”, con total ignorancia sobre el tema, vienen planteado la opción más fácil, la que demostraría más energía para enfrentar el problema: involucrar a los militares en el combate al narcotráfico.
Salvando las distancias, es la misma lógica que algunos usaron en los 70 para pedir que los militares conduzcan la “lucha contra la subversión”. Es pretender vender a la gente el engañoso argumento de que hay que usar a los militares “que están en los cuarteles sin hacer nada” para controlar a los narcos que asuelan las calles matando gente y drogando a la juventud. El concebir a los militares como respuesta al problema es plenamente equivocado porque pretende que una institución con la misión, el adiestramiento y el equipamiento para la guerra en defensa de la Nación ante amenazas o agresiones de otros estados, se dedique a una actividad policial, que implica investigar ciudadanos y organizaciones dentro del país, tener dominio de inteligencia criminal, vigilar y detener personas, temas para los cuales las FFAA no están preparadas y actividades que la ley les prohíbe hacer.
Pero, atento que las leyes se pueden cambiar, hay que subrayar algo por demás importante: por su propia naturaleza, función y capacitación, no existe precedente en el que los militares hayan ganado una guerra contra las drogas. En Colombia, sólo en el período más violento de la guerra contra el narcotráfico hubo 52000 muertos. Cuando México involucró a más de 40000 militares en su guerra a las drogas a partir de 2006 tuvieron un resultado de más de 45000 muertes violentas relacionadas con esa lucha. Similares consecuencias se observan en Honduras o Guatemala y hablemos de Afganistán, que después de la intervención y de la ocupación militar pasó a ser el principal productor y exportador mundial de heroína. En todos estos ejemplos la militarización del combate a las drogas ha sido un fracaso con gravísimos costos. Está demostrado que el peor error es declarar una guerra convencional a un enemigo invisible con capacidad de infiltrarse en las propias estructuras del Estado.
II Con ánimos de traer sentido común y realismo al debate, conviene poner sobre el tapete algunos puntos que quedan por fuera de los discursos de campaña y son importantes como insumo para la reflexión del ciudadano/a, no del votante, porque las elecciones y los discursos de candidatos pasan, pero los problemas de la ciudadanía quedan.
1. Seguridad y Defensa. No hay Ninguna Fórmula Perfecta.
No existe ningún modelo perfecto que prescriba el alcance y relación entre seguridad y defensa al que todos debiéramos adherir. De hecho en los ordenamientos legales de los países del continente existen grandes diferencias. Por ejemplo, hay estados del Caribe y Centroamérica en donde directamente no existen las Fuerzas Armadas como tales y son las fuerzas de seguridad quienes cumplen misiones en el ámbito de la defensa. En otros más cercanos como Colombia, prácticamente no hay división: la policía es parte del Ministerio de Defensa. Lo que sí es relevante es que en cada esquema nacional la relación seguridad y defensa responde a las realidades y necesidades de cada contexto y es el resultado de decisiones políticas y legales adoptadas en el marco de la soberanía de cada país.
En Argentina las leyes de Seguridad y de Defensa, aprobadas con amplios consensos, establecen una clara distancia y división de responsables y jurisdicciones. Las razones por las cuales los militares argentinos tienen vedado realizar tareas de seguridad pública o inteligencia son obvias. Cuando lo hicieron, esas actividades no funcionaron en beneficio de la seguridad ciudadana, la institución se corrompió y se erosionaron las capacidades de las FFAA para su misión principal que es la defensa del territorio, su población y la soberanía de la Nación.
2. No Podemos Volver Atrás a Mitad del Camino de la Reforma en Defensa.
Estamos a medio camino en la implementación de la reforma estructural más profunda de la política e instituciones de la defensa. Esto implicó haber asumido la conducción política de la defensa y de su instrumento militar que son las Fuerzas Armadas, la eliminación de hipótesis de conflictos con países hermanos, la nueva doctrina de la conjuntez y la metodología de planeamiento estratégico por capacidades. Estos fueron cambios fundamentales por los cuales nuestro país ha logrado un liderazgo internacional y especialmente regional. Culminar esta etapa es clave para pasar a la siguiente que tiene mucho más que ver con opciones tácticooperacionales como el redespliegue territorial y la adquisición de nuevos sistemas y equipamiento militar.
En ese marco, pretender cambiar el rol de las FFAA para que reemplacen a las de seguridad es equivocado y retrocede en el camino de las inconclusas reformas que tanto nos han costado, y que pretende solo efectos inmediatos para un problema que se debe abordar de forma integral con perspectivas de salud pública, de inclusión social y de seguridad pública. Todo lo anterior no significa tampoco un purismo principista indiferente al avance de la droga mientras metemos cadenas a las puertas de los cuarteles. La ley actual es muy clara en el sentido de que en situaciones de crisis se puede acceder al apoyo logístico que pueden brindar las FFAA. Pero debe existir un verdadero estado de emergencia y el empleo de las fuerzas militares debe tener fecha de inicio y una fecha de culminación. Nadie niega que los militares puedan tener equipamiento útil para el apoyo técnico como elementos de transporte o radares. De hecho operativos como el Escudo Norte I y II tratan de propiciar ese apoyo pero reiteremos, en situaciones temporales y hasta que las fuerzas de seguridad puedan adquirir sus propias capacidades y medios a tales efectos.
3. Necesitamos una Política Nacional Integral de Prevención y Control en el Marco de una Estrategia Regional de Cooperación.
En este artículo no se pretende explicitar en detalle una política sino contribuir al debate con la seriedad que implica plantear las cosas reales y no lo que la gente asustada quiere escuchar porque cree y le hacen creer que es la solución. En este sentido es necesario considerar algunos aspectos que demandan adoptar decisiones políticas, legales, económicas y sociales.
Necesitamos antes que nada un buen diagnóstico. Sin ello nunca sabremos la verdadera magnitud de la problemática y la consiguiente identificación de las prioridades que definirán las políticas de atención. En segundo lugar, debemos tener una verdadera estrategia nacional e integral en materia de políticas de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado en todas sus manifestaciones, en especial droga, trata, armas y lavado, que esto debe incluir indefectiblemente modalidades que involucren coordinadamente las acciones preventivas y punitivas de los poderes locales, provinciales y nacional, acompañados por la inteligencia criminal y los órganos de investigación y administración de justicia. La participación ciudadana en la prevención y contención de los efectos de la droga y la trata es asimismo tan clave como policías en las calles, gendarmes en las fronteras y agentes estatales confiscando fondos y bienes mal habidos.
Políticas parciales punitivas de lo “visible” no solo no resuelven el problema sino que a veces generan otros nuevos. La represión al consumidor y al pequeño “dealer” vendedor, si es aislada de los otros componentes de una política integral, es una medida demostradamente condenada al fracaso, no solo porque se ataca al eslabón más débil y más fácil de reemplazar de la cadena, sino porque genera a su vez otros problemas estructurales como embudos judiciales y sobrepoblación en cárceles que se transforman en universidades del crimen. Los EEUU declararon a través del Presidente Nixon su guerra a las drogas hace más de 40 años. Hoy con menos del 5 por ciento de la población global el país tiene casi 2,5 millones de presos por drogas, casi todos ellos consumidores pequeños y vendedores. Esta cifra representa más del 25 por ciento de la población encarcelada a nivel mundial. Y sin embargo sigue manteniendo el triste record de ser el primer país consumidor de drogas. Un caso opuesto es Portugal, que hace diez años descriminalizó la venta de bajo nivel y el uso de todas las drogas ilícitas. Desde entonces disminuyó en un 50 por ciento el número de adictos de sustancias duras y drogas intravenosas así como la violencia relacionada con ellas. Es importante también observar lo que sucede en esta materia en Uruguay. Y también el informe de la famosa Comisión Global de Políticas de Drogas, conformada por altos dignatarios como Kofi Annan, ex presidentes como Clinton, Cardozo, Gaviria, etc., que concluyó con recomendaciones como “Terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas pero que no hacen ningún daño a otros” y alentó a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas. El ex presidente colombiano César Gaviria agregó: “No podemos ignorar por más tiempo hasta qué punto la violencia, el crimen y la corrupción relacionados con las drogas en América Latina son los resultados de las fallidas políticas de guerra a las drogas,”. Este informe es un insumo para el debate sobre drogas en la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas el próximo año.
El cocodrilo depredador del narcotráfico no nada en la droga sino en la verde agua del dinero. Controlar los cuantiosos fondos del crimen organizado que entran a través del lavado al mercado financiero legal es la política más eficaz para generar “inseguridad jurídica” al negocio del narcotráfico. Es sacarle el agua al cocodrilo, y es el mejor remedio para que busquen huir a otros lugares. Esto implica que busquemos nuevas, mayores y más eficientes normas de regulación y control a las entidades financieras y los bancos, y a las industrias presas fáciles del lavado como las de hotelería, turismo, construcción, juegos de azar, etc. Medidas de este tipo tienen un altísimo efecto disuasivo a la penetración del crimen organizado.
Otro aspecto de alta importancia es resolver el problema de la coordinación internacional, comenzando en nuestra propia región. Las fronteras se han convertido en obstáculos para las autoridades nacionales y en verdaderos puentes de conexión del crimen organizado transnacional. La solución debe pasar tarde o temprano por agrandar la jurisdicción por sobre las fronteras a través de la conformación de un esquema regional de control de delitos como el tráfico o la trata, especialmente en materia de inteligencia criminal. Esto es posible plantearlo hoy en el marco de la integración subregional que estamos avanzando bajo el paraguas de Unasur.
Ser realista no es vencer “prejuicios” del pasado respecto a los militares, como pretenden algunos políticos, analistas y candidatos. Ser realistas en esta materia es propiciar la mejoría mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad encargadas por ley de brindar precisamente eso: seguridad ciudadana. Estos candidatos y partidos presionados por el nerviosismo de la derrota electoral, adoptan la conducta de quienes solo tienen un martillo: todos los problemas lucen como clavos; y los militares son un martillo fácil de agarrar.
La violencia y la inseguridad son problemas de la seguridad y no de la defensa. La política de lucha contra el narcotráfico no debe separar el control de la prevención, con ejes de acción transversales y operacionales entre lo local y lo nacional y cooperación efectiva entre lo nacional y lo regional. Ojalá logremos una estrategia nacional que podamos mostrar y compartir con otros países en la Sesión Especial sobre drogas de las Naciones Unidas en el 2016.
* Embajadora ante la OEA.
