LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD ES EL MANDATO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Felipe Michelini
13.10.2015
Jornadas intensas y reconfortantes
En el marco de las actividades organizadas por la Cámara de Representantes "A 30 años -Más democracia", se convocó conjuntamente con Parlamentarios por la Acción Global (PGA), la prestigiosa organización no gubernamental de parlamentarios a nivel mundial, un seminario sobre "El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: un compromiso con la democracia y el sostenimiento del Estado de Derecho ". Este contó con el decisivo apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Intendencia de Montevideo y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Las jornadas convocaron a un selecto grupo de legisladores del continente, comprometidos con la lucha contra la impunidad de los crímenes más repugnantes como el genocidio, los de guerra, de lesa humanidad y de agresión. Por cuarta vez en forma consecutiva, Uruguay y sus parlamentarios, bajo la conducción del Grupo Nacional de PGA presidido por la Diputada Berta Sanseverino, asumieron un papel protagónico en la difusión del Estatuto de la Corte Penal, la defensa de la integridad de la Corte y la universalidad de su competencia.
El seminario contó con la presencia de expertos de primer nivel en la materia como el Dr. Hugo Relva representante de Amnistía Internacional, la Dra. Michelle Reyes de la Coalición por la Corte Penal Internacional, la Dra. Romina Morello de PGA. Asimismo, el Dr. Jean Miguel Arrighi concurrió en representación del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Dr. Luis Almagro.
De nuestro país participaron legisladores de todos los partidos. Se destaca la participación de los Representantes Nacionales, además de la nombrada Sanseverino, de Jaime Trobo, Daniel Radío el Presidente de la Cámara de Representantes Álvaro Sánchez y el Senador Rubén Martínez Huelmo.
La estrecha vinculación de la promoción y afirmación de la democracia, el estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos, con el Estatuto de Roma es evidente. El trabajo por una Corte Penal Internacional permanente, independiente, imparcial y eficaz, es una forma de contribuir a que se tome conciencia de que las personas que incurran en las conductas de competencia de la Corte sean penalmente enjuiciadas, en forma individual y personal, y luego juzgadas con todas las garantías y en el caso de ser encontradas culpables, penadas por sus graves crímenes. A su vez exigir que del discurso se pase a la acción.
La existencia de la Corte Penal internacional no exime a los Estados de juzgar tales graves hechos, sino por el contrario estos asumen expresamente la obligación de hacerlo. La competencia de la Corte es complementaria de las jurisdicciones nacionales pues solo procede cuando los Estados no pueden o no quieren juzgar.
Uruguay ha contribuido al sistema de la Corte en forma decidida. Ha ratificado su Estatuto, aprobado la legislación interna adecuada en materia de cooperación y de tipificación de las conductas consideradas crímenes horrendos, ha reconocido las inmunidades de la Corte para su adecuado funcionamiento, y ha sido el primer país de nuestro continente en ratificar las enmiendas de Kampala que establecen el crinen de agresión.
Se dice que la Corte no juzgará a las personas de países poderosos, y por lo tanto no valió la pena su creación y no justifica todo el esfuerzo para su mantenimiento. Argumento efectista pero insustancial, pues desde ese punto de vista, todo el derecho internacional sería inútil y podría decirse que el derecho en sí sería siempre hipócrita, pues se sabe que los poderosos y privilegiados siempre tienen una mejor posición para defender sus intereses incluso cuando han cometido crímenes gravísimos como los establecidos en el Estatuto de la Corte. Sin embargo el papel del derecho como elemento civilizador de que hay límites que incluso los poderosos no pueden traspasar, tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad global basada en la civilización y no en la barbarie. La historia demuestra que aquellos que se escudaron en el poder y siendo poderosos cometieron gravísimos crímenes, la justicia y la verdad, aunque tarde, llegan como en el caso de los liberticidas de Pinochet y Bordaberry.
En este seminario tuve el honor de haber sido convocado para intervenir como moderador en dos Cátedras Magistrales. Una por el distinguido abogado italiano Fabio Mario Galeani que representa al Colegio de Abogados de Roma ante la Corte Penal Internacional. Galeani es además el abogado de la República Oriental del Uruguay como "Parte Civile" en el juicio que se lleva a cabo en Italia relacionado con la Operación Cóndor. Galeani nos recordó que el trabajo de los tribunales italianos ha generado suficiente evidencia de la coordinación criminal del Plan Cóndor. Permitirá brindarles a las víctimas y a sus familiares justicia, y que a pesar de los años transcurridos los testimonios en el juicio son conmovedores y contundentes.
La otra Cátedra Magistral del Seminario fue dictada por el Embajador de nuestro país ante los Países Bajos y representante ante la Asamblea de Estados Partes de la CPI y Vicepresidente de la misma, Dr. Alvaro Moerzinguer. Nos ilustró de la necesaria cooperación y el apoyo político de América Latina a la CPI y recordarnos que la acción de respaldo a la Corte debe ser permanente. En este sentido los países latinoamericanos son decisivamente importante por su historia y su compromiso con el derecho, la justicia y la verdad.
En mi condición de moderador, señale que la presencia de Galeani y de Moerzinguer no eran contradictorias, sino que por el contrario, absolutamente complementarias. Uruguay no esconde su pasado de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos producto de la violencia previa al golpe de estado y después de éste, en el que se estableció a sangre y fuego, un régimen terrorista.
Sin perjuicio de las opiniones y acciones que se tengan sobre nuestro pasado reciente, ha sido una buena práctica y enaltece al sistema político en su conjunto, que ello no fuera un obstáculo para trabajar en la lucha contra la cultura de la impunidad: Un Nunca Más violaciones a los derechos humanos, nunca más impunidad por los crímenes más horrendos. Ese propósito fundamental que inspiró el Estatuto de Roma, es compartido por todo el sistema político.
En Uruguay, se puede afirmar que la política de respaldo a la CPI constituye una verdadera política de estado. Prueba de ello fue que la actividad de la semana pasada, fue compartida por representantes de todos los partidos con representación parlamentaria. Hecho que obviamente todos los representantes del extranjero resaltan como un elemento que demuestra la calidad y fortaleza de nuestras instituciones.
El Secretario General de Parlamentarios por la Acción Global, el brillante jurista y comprometido activista italiano, Dr. David Donat Cattin, en la intervención que dio cierre al seminario nos recordaba, que mucho se habla para la plena vigencia de los derechos humanos, pero que hay mucho para hacer y que su organización no escatima esfuerzos para que la CPI y el Estatuto de Roma sean una efectiva herramienta para vencer la impunidad y recomponer la justicia, el estado de derecho y mitigar en parte el dolor de las víctimas.
Lo del título, unas Jornadas intensas y reconfortantes para continuar sin prisa, pero sin pausa, con la tarea permanente de lucha contra la impunidad.
