ARGENTINA: EL PRESIDENTE QUEDO ENVUELTO EN UN ESCANDALO INTERNACIONAL POR OPERACIONES EN PARAISOS FISCALES
Una visita al infierno fiscal de Macri
La filtración de millones de documentos conocida como Panamá Papers incluye a Macri como director de una empresa off shore en Bahamas. La operación no fue incluida en sus declaraciones juradas. El Gobierno sacó un comunicado para afirmar que no hubo delito.
Mauricio Macri es uno de los cinco mandatarios actuales involucrados en operaciones sospechosas.
Imagen: Télam
Por Werner Pertot
Una filtración internacional de documentos sobre empresas que mueven dinero en paraísos fiscales involucró a Mauricio Macri, uno de los cinco mandatarios en funciones que figuran en la lista. El presidente argentino aparece como director en una empresa off shore en las Islas Bahamas, Fleg Trading Ltd, en la que también figura su padre, Franco Macri. Según especialistas en el área, este tipo de empresas suelen ser utilizadas para evasión impositiva. Macri no la incluyó en su declaración jurada cuando era jefe de gobierno porteño, a pesar de que figuró como director. La sociedad existió hasta 2009.
El gobierno nacional salió a responder a la denuncia a través de un comunicado en el que sostuvo que no era accionista, sino “director ocasional”. Su función en esa empresa no fue aclarada, así como tampoco cuáles eran sus negocios: se mencionó que participaba como inversora en Brasil. También aparecieron documentos que mencionan a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, en una cuenta abierta en 2013, años después de dejar su cargo, y al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, cuando era el responsable de la economía porteña con Macri como jefe de gobierno. La filtración generó un tembladeral político a lo largo del planeta: involucró tambièn idirectamente a siete ex jefes de estado, a 128 funcionarios de diferentes gobiernos -incluidos el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro britànico David Cameron, pero a traves de allegados-- y a 29 de las personas más ricas del mundo, entre celebridades y deportistas de 202 países. La lista incluye a 570 argentinos, entre ellos a Lionel Messi.
El gobierno nacional salió a responder a la denuncia a través de un comunicado en el que sostuvo que no era accionista, sino “director ocasional”. Su función en esa empresa no fue aclarada, así como tampoco cuáles eran sus negocios: se mencionó que participaba como inversora en Brasil. También aparecieron documentos que mencionan a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, en una cuenta abierta en 2013, años después de dejar su cargo, y al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, cuando era el responsable de la economía porteña con Macri como jefe de gobierno. La filtración generó un tembladeral político a lo largo del planeta: involucró tambièn idirectamente a siete ex jefes de estado, a 128 funcionarios de diferentes gobiernos -incluidos el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro britànico David Cameron, pero a traves de allegados-- y a 29 de las personas más ricas del mundo, entre celebridades y deportistas de 202 países. La lista incluye a 570 argentinos, entre ellos a Lionel Messi.
Conocida como “Panamá papers”, la filtración provino del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ es su sigla en inglés), que reúne a 107 entidades periodísticas en 78 países. El diario alemán Süddeustche Zeitung recibió de una fuente anónima 11,5 millones de documentos de un estudio de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, que –según la denuncia– muestran a lo largo de 38 años (1977-2015) cómo se dedica a crear empresas fantasma y ayudar a cometer presuntos delitos como lavado de dinero o evasión impositiva en 202 países. La empresa de abogados negó los cargos.
En la investigación trabajaron más de 300 periodistas de distintos países, que revisaron los documentos. Sobrepasan en cantidad a la filtración de WikiLeaks –es 46 veces más grande– y muestran empresas por las que dirigentes a nivel global ocultan su patrimonio. Entre otros, participaron el diario inglés The Guardian, el francés Le Monde, el Miami Herald, la BBC y, en la Argentina, el diario La Nación y Canal 13.
Entre esas compañías figura Freg Trading Ltd, una empresa off shore creada en las Islas Bahamas –un paraíso fiscal– vinculada al estudio de abogados Mossack Fonseca. ICIJ publicó en su web un documento del 31 de marzo de 1998 en el que figuran como directores Franco Macri (presidente), Mauricio Macri (vicepresidente) y Mariano Macri (secretario). Según informó este sitio, la sociedad se disolvió en enero de 2009, cuando Macri ya llevaba dos años como jefe de Gobierno.
En sus declaraciones juradas de 2008 y 2009, Macri no mencionó a esta empresa. Sí declaró 158 mil dólares en bienes en el exterior, cuyo lugar no especificó (aunque es probable que se tratara de propiedades que tiene en Punta del Este). ICIJ cita al vocero personal de Macri, Iván Pavlovsky, quien respondió a los investigadores que esa empresa no figura en su declaración jurada porque no él era accionista. Indicó que la empresa era parte del holding familiar y que hacía negocios en Brasil.
Rápida defensa
Un comunicado del gobierno nacional reiteró estos argumentos ayer ante la difusión de la noticia: “Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad. Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la declaración jurada de su padre, Franco Macri”. La estrategia para desligarse de la denuncia pareció remedar a la que Macri utilizó en la causa por las escuchas ilegales: culpar a su padre. Sobre las declaraciones juradas, el gobierno nacional indicó que no la declaró “pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla”.
Diversos especialistas advirtieron a este diario que, si Macri recibía una remuneración como vicepresidente de la empresa, debería haber sido declarada, no así si no tenía ningún bien involucrado. Con velocidad, la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, afirmó que no hay delito en conformar una sociedad off shore: “Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores”, escribió en su cuenta de Twitter la funcionaria que tiene como rol investigar posibles actos de corrupción en el Estado nacional. Según comentarios en el gobierno nacional, Alonso analiza actualmente un proyecto para que Macri ponga todos sus bienes en un fideicomiso ciego, lo que garantizaría que no haya conflicto de intereses en sus actos de gobierno.
Luego Alonso citó un artículo del portal de La Nación: “No es delito, salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito. El mundo off shore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes”.
Declaraciones juradas
El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen aseguró a Página/12 que “nadie constituye una sociedad off shore para ser director ocasional. Mi experiencia me demuestra eso: que los que participan suelen participar como accionistas. Nunca vi una sociedad off shore que no sea utilizada con fines ilícitos. Nunca”. “Las empresas off shore existen en paraísos fiscales en países distintos del de origen. ¿Para qué sirven? Para poner activos que no querés poner en la Argentina. Normalmente, se utilizan para evadir impuestos. Pero se utiliza también para evitar acreedores, dejar a personas afuera de herencias... En fin, hay un espectro enorme para utilizar las sociedades off shore”, explicó el profesor titular de Derecho Comercial de la UBA y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Avellaneda.
Otros funcionarios ligados a áreas de lavado de activos consultados por este diario prefirieron esperar a conocer todos los documentos sobre el Presidente para opinar. Pero difirieron de esa caracterización publicitada por Laura Alonso. “Las sociedades off shore que se radican en países con secretismo fiscal o bancario suelen servir para maniobras de evasión fiscal, lavado de dinero, blanqueo de fondos del narcotráfico o de trata de personas. Todo esto según los estándares de la GAFI”, indicó un funcionario judicial que conoce de cerca la temática.
“Macri en 2007 declara tener el 20 por ciento de Socma. En 2008, ya no declara acciones en esa empresa. En 2015, vuelve a declarar ese 20 por ciento. Las declaraciones juradas de Macri son absolutamente truchas. Está denunciado e impugnado por esto”, advirtió la dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien el año pasado denunció a Macri por el contenido de sus declaraciones juradas. “Lo de director ocasional es absurdo –afirmó Cerruti–. Los dueños de las empresas no son directores de otras empresas que funda el holding familiar. Lo que sí es cierto es que en 2007 y 2008 es cuando ellos hacen operaciones con su propia empresa para sacar fondos de la Argentina. Es el momento de la venta ficticia de Iecsa a Angelo Calcaterra, primo del Presidente. Esa plata nunca aparece, nunca fue declarada. Habría que ver si esa plata pasó a través de Panamá.”
Otros involucrados
Otro de los mencionados en la filtración fue el intendente de Lanús y ex secretario de Hacienda porteño, Néstor Grindetti. Figura como parte de una sociedad en Panamá entre julio de 2010 y julio de 2013 y también como titular de una cuenta en Suiza. Una escritura pública del 2 de julio de 2010 muestra que el estudio Mossack Fonseca le dio un poder especial a Grindetti para operar Mercier International. El 15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco Clariden Leu AG, que está radicado en Suiza. Voceros de Grindetti indicaron a este diario que recibió esos poderes para hacer inversiones financieras e inmobiliarias que luego no se concretaron. “No puso plata, no se puso en marcha la actividad. Los contadores de él no la declararon porque no llegó a poner dinero”, argumentaron.
Entre los documentos, también figura Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Tanto él como su esposa, Carolina Pochetti, fueron accionistas con 25 mil dólares cada uno de Gold Black Limited, una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2013, dos años después de haber dejado la función pública. Muñoz fue acusado por Miriam Quiroga de ser quien llevaba “bolsos de dinero” de Olivos a Santa Cruz, una denuncia que luego la ex secretaria no sostuvo judicialmente. También fue denunciado por Mariana Zuvic, de Cambiemos, por presunto lavado de dinero y Muñoz le contestó con otra denuncia por calumnias e injurias. Además, fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito por el juez Claudio Bonadio y fue sobreseído.
