Cuestiones de oportunidad
La aprobación de la ley de servicios de comunicación audiovisual (sca), también llamada “ley de medios”, parece cada vez menos probable. En la bancada de senadores del Frente Amplio aparentemente triunfó la propuesta de Rafael Michelini y del Frente Liber Seregni de postergarla para después de las elecciones, a pocos días de que Tabaré Vázquez también expresara un pensamiento similar. Hay dos argumentos en contra de aprobar la ley: El primero se basa en la supuesta inconstitucionalidad de los artículos que crean cargos (algo que es discutible, ya que hay precedentes de maniobras para evitar que aquéllos se creen antes de la elección, aun si se aprueba la ley), mientras que el segundo se apoya en que la ley es inoportuna en plena campaña electoral. Voy a referirme a este último, no sólo por mi falta de conocimiento jurídico sino (y especialmente) por la sospecha de que el freno a la ley obedece a razones políticas y no jurídicas.
Pero antes que nada es importante repasar algunas de las cosas que la ley propone y aclarar algunos malentendidos, en primer lugar porque en las discusiones en la elite del Frente Amplio las consideraciones de realpolitik parecen haber sustituido a la discusión sustantiva, y en segundo lugar porque hay razones para pensar que los contenidos de la ley tienen que ver con las dificultades para su aprobación.
En primer lugar, y contra la frase hecha “la mejor ley de medios es la que no existe”, es importante notar que el problema que busca solucionar esta ley no es la ausencia de regulación (hay decretos y decretos-ley, y de hecho las ondas de radio y televisión son propiedad pública, por lo que difícilmente se pueda decir que no existe intervención estatal), sino su mala calidad y falta de sistematicidad.
La ley propone regular la publicidad (tanto el tiempo como el tipo), consagra el derecho de los partidos políticos a obtener gratuitamente espacios publicitarios electorales y prohíbe a los canales discriminar. Además, obliga a las empresas de cable a ofrecer los canales locales de televisión abierta. Esto es fundamental para la viabilidad económica de proyectos como Giro (de las cooperativas La Diaria y Demos) y Tu Canal (del pit-cnt), y tiene que ser regulado porque los dueños de las empresas de cable son los mismos que los de los canales privados que competirían con las nuevas señales. La ley, además, establece procesos transparentes de adjudicación de las señales, exige transparencia sobre la propiedad de los medios, regula la venta de las señales, prohíbe su arrendamiento y consagra límites a la concentración, es decir, a la cantidad de licencias de las que puede ser propietaria una persona, empresa o grupo económico.
Es fundamental aclarar que esta ley no busca censurar ni controlar los contenidos de los medios, y de hecho prohíbe la censura previa y brinda una serie de protecciones para los periodistas ante sus jefes. Por la discusión pública, pareciera que existe una percepción generalizada de que esta ley busca dirigir las líneas editoriales de los medios, tanto de parte de los que la rechazan como “ley mordaza” como de los que la apoyan y exigen “ley de medios ya” cada vez que ven algo que no les gusta en un medio de comunicación.
Está más que claro que esta ley es necesaria. En los últimos años hubo denuncias de censura (como en el caso de una entrevista al periodista Miguel Nogueira que fue censurada por Canal 4), discriminación (cuando Canal 4 y Canal 12 se negaron a emitir la campaña “Un beso es un beso”, del Colectivo Ovejas Negras) y prácticas oligopólicas (por ejemplo cuando Esteban Valenti denunció que el precio del minuto de propaganda electoral era el mismo en los tres canales) por parte de los canales privados, sin contar el procesamiento por estafa del dueño de Telechat y sin entrar en el oscuro mundo de la compraventa de emisoras de radio. Esto también deja más que claro que la ley sca reduce significativamente el margen para hacer negocios con las señales, por lo que es de esperar que despierte resistencias entre los dueños actuales de los canales.
Por lo tanto, hay que pensar qué se está queriendo decir cuando se dice que no es oportuno aprobar la ley durante la campaña electoral. No se trata de una preocupación por las reglas de juego de las elecciones, porque los minutos gratuitos para los partidos políticos comenzarían en la próxima campaña electoral y no en esta. Otra razón posible es que exista el miedo de que un electorado moderado perciba a esta ley como “demasiado izquierdista” y decida no votar al Frente Amplio. Este argumento es difícil de sostener, ya que cuesta imaginarse a un electorado despolitizado y poco informado, como lo es el que se autocalifica “de centro”, priorizando un tema como este.
Claro, existe el riesgo de que los medios de comunicación lancen una campaña contra el Frente Amplio. Y también el riesgo de que el minuto de televisión se le haga más caro de cara a la campaña electoral. Es probable que estas sean las razones por las que es “inoportuno” aprobar la ley en la campaña electoral. En cualquier caso, esta es una situación en la que el Frente Amplio se metió solito. La ley se viene pateando para adelante desde fines de la administración de Vázquez, y fue presentada por el Poder Ejecutivo en mayo de 2013. ¿No se sabía entonces que iba a haber una campaña electoral?
Esta nueva postergación puede ser un golpe fatal para esta necesaria ley: antes que nada, porque no existe un compromiso explícito de parte de las bancadas del Frente Amplio de efectivamente aprobarla después de las elecciones. Vázquez se niega a hablar públicamente de su opinión sobre la ley, por lo que no queda claro si considera inoportuno aprobar la ley en este momento o si está en contra de su aprobación en general. Además, si el Frente Amplio no obtuviera un buen resultado en las elecciones no queda claro con qué capital político va a defender una ley que hoy, en una situación de fortaleza, considera demasiado polémica.
El Frente Amplio apuesta a que postergar la aprobación de la ley le ahorre algunos problemas políticos, pero parece claro que también le va a crear otros, menos ponderados por la elite frenteamplista. Estos riesgos pasan por la pérdida de entusiasmo militante, por la intranquilidad de los frenteamplistas preocupados por la orientación centrista de sus gobiernos, y porque se confirma la imagen de Vázquez que tienen aquellos frenteamplistas que presentan reparos a su liderazgo.
A los militantes de izquierda a menudo se los chantajea advirtiéndoles que están rompiendo la disciplina y que conspiran contra la campaña y contra la unidad. Pero cabe preguntarse quién está yendo contra la unidad en este caso: si quienes quieren cumplir con el programa del Frente Amplio (que tiene un capítulo entero sobre medios de comunicación) o quienes quieren postergar su cumplimiento por razones de oportunidad y sin ofrecer certezas de futura aprobación. Además, si el tema es la oportunidad, el tratamiento de la ley debería ser urgente, ya que la oportunidad de aprobar leyes con las mayorías parlamentarias del Frente Amplio puede desaparecer en unos meses.
La elite política puede tener sus razones (electorales o de otro tipo) para oponerse a la ley sca, pero la política no la hacen sólo las elites. Las razones de las organizaciones, los movimientos, los militantes y los ciudadanos pueden ser más fuertes y más legítimas. De hecho, todas las leyes importantes de este período fueron aprobadas a pesar de fuertes resistencias e intentos de postergación por parte de sectores de la elite frenteamplista.
La tenacidad de las organizaciones contra los vetos, las maniobras y los intentos de encajonar permitió que hoy en Uruguay tengamos leyes de matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, regulación de la marihuana, derogación de la caducidad, y de responsabilidad penal empresarial. Está por verse si se aprovecha esta oportunidad.
Pero antes que nada es importante repasar algunas de las cosas que la ley propone y aclarar algunos malentendidos, en primer lugar porque en las discusiones en la elite del Frente Amplio las consideraciones de realpolitik parecen haber sustituido a la discusión sustantiva, y en segundo lugar porque hay razones para pensar que los contenidos de la ley tienen que ver con las dificultades para su aprobación.
En primer lugar, y contra la frase hecha “la mejor ley de medios es la que no existe”, es importante notar que el problema que busca solucionar esta ley no es la ausencia de regulación (hay decretos y decretos-ley, y de hecho las ondas de radio y televisión son propiedad pública, por lo que difícilmente se pueda decir que no existe intervención estatal), sino su mala calidad y falta de sistematicidad.
La ley propone regular la publicidad (tanto el tiempo como el tipo), consagra el derecho de los partidos políticos a obtener gratuitamente espacios publicitarios electorales y prohíbe a los canales discriminar. Además, obliga a las empresas de cable a ofrecer los canales locales de televisión abierta. Esto es fundamental para la viabilidad económica de proyectos como Giro (de las cooperativas La Diaria y Demos) y Tu Canal (del pit-cnt), y tiene que ser regulado porque los dueños de las empresas de cable son los mismos que los de los canales privados que competirían con las nuevas señales. La ley, además, establece procesos transparentes de adjudicación de las señales, exige transparencia sobre la propiedad de los medios, regula la venta de las señales, prohíbe su arrendamiento y consagra límites a la concentración, es decir, a la cantidad de licencias de las que puede ser propietaria una persona, empresa o grupo económico.
Es fundamental aclarar que esta ley no busca censurar ni controlar los contenidos de los medios, y de hecho prohíbe la censura previa y brinda una serie de protecciones para los periodistas ante sus jefes. Por la discusión pública, pareciera que existe una percepción generalizada de que esta ley busca dirigir las líneas editoriales de los medios, tanto de parte de los que la rechazan como “ley mordaza” como de los que la apoyan y exigen “ley de medios ya” cada vez que ven algo que no les gusta en un medio de comunicación.
Está más que claro que esta ley es necesaria. En los últimos años hubo denuncias de censura (como en el caso de una entrevista al periodista Miguel Nogueira que fue censurada por Canal 4), discriminación (cuando Canal 4 y Canal 12 se negaron a emitir la campaña “Un beso es un beso”, del Colectivo Ovejas Negras) y prácticas oligopólicas (por ejemplo cuando Esteban Valenti denunció que el precio del minuto de propaganda electoral era el mismo en los tres canales) por parte de los canales privados, sin contar el procesamiento por estafa del dueño de Telechat y sin entrar en el oscuro mundo de la compraventa de emisoras de radio. Esto también deja más que claro que la ley sca reduce significativamente el margen para hacer negocios con las señales, por lo que es de esperar que despierte resistencias entre los dueños actuales de los canales.
Por lo tanto, hay que pensar qué se está queriendo decir cuando se dice que no es oportuno aprobar la ley durante la campaña electoral. No se trata de una preocupación por las reglas de juego de las elecciones, porque los minutos gratuitos para los partidos políticos comenzarían en la próxima campaña electoral y no en esta. Otra razón posible es que exista el miedo de que un electorado moderado perciba a esta ley como “demasiado izquierdista” y decida no votar al Frente Amplio. Este argumento es difícil de sostener, ya que cuesta imaginarse a un electorado despolitizado y poco informado, como lo es el que se autocalifica “de centro”, priorizando un tema como este.
Claro, existe el riesgo de que los medios de comunicación lancen una campaña contra el Frente Amplio. Y también el riesgo de que el minuto de televisión se le haga más caro de cara a la campaña electoral. Es probable que estas sean las razones por las que es “inoportuno” aprobar la ley en la campaña electoral. En cualquier caso, esta es una situación en la que el Frente Amplio se metió solito. La ley se viene pateando para adelante desde fines de la administración de Vázquez, y fue presentada por el Poder Ejecutivo en mayo de 2013. ¿No se sabía entonces que iba a haber una campaña electoral?
Esta nueva postergación puede ser un golpe fatal para esta necesaria ley: antes que nada, porque no existe un compromiso explícito de parte de las bancadas del Frente Amplio de efectivamente aprobarla después de las elecciones. Vázquez se niega a hablar públicamente de su opinión sobre la ley, por lo que no queda claro si considera inoportuno aprobar la ley en este momento o si está en contra de su aprobación en general. Además, si el Frente Amplio no obtuviera un buen resultado en las elecciones no queda claro con qué capital político va a defender una ley que hoy, en una situación de fortaleza, considera demasiado polémica.
El Frente Amplio apuesta a que postergar la aprobación de la ley le ahorre algunos problemas políticos, pero parece claro que también le va a crear otros, menos ponderados por la elite frenteamplista. Estos riesgos pasan por la pérdida de entusiasmo militante, por la intranquilidad de los frenteamplistas preocupados por la orientación centrista de sus gobiernos, y porque se confirma la imagen de Vázquez que tienen aquellos frenteamplistas que presentan reparos a su liderazgo.
A los militantes de izquierda a menudo se los chantajea advirtiéndoles que están rompiendo la disciplina y que conspiran contra la campaña y contra la unidad. Pero cabe preguntarse quién está yendo contra la unidad en este caso: si quienes quieren cumplir con el programa del Frente Amplio (que tiene un capítulo entero sobre medios de comunicación) o quienes quieren postergar su cumplimiento por razones de oportunidad y sin ofrecer certezas de futura aprobación. Además, si el tema es la oportunidad, el tratamiento de la ley debería ser urgente, ya que la oportunidad de aprobar leyes con las mayorías parlamentarias del Frente Amplio puede desaparecer en unos meses.
La elite política puede tener sus razones (electorales o de otro tipo) para oponerse a la ley sca, pero la política no la hacen sólo las elites. Las razones de las organizaciones, los movimientos, los militantes y los ciudadanos pueden ser más fuertes y más legítimas. De hecho, todas las leyes importantes de este período fueron aprobadas a pesar de fuertes resistencias e intentos de postergación por parte de sectores de la elite frenteamplista.
La tenacidad de las organizaciones contra los vetos, las maniobras y los intentos de encajonar permitió que hoy en Uruguay tengamos leyes de matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, regulación de la marihuana, derogación de la caducidad, y de responsabilidad penal empresarial. Está por verse si se aprovecha esta oportunidad.
