Por Martín Scalabrini Ortiz
La debilidad se aprovecha. En este contexto económico nacional, NML Elliot encabeza una operación que se debate en Estados Unidos y amenaza con adueñarse de activos de YPF. Vaca Muerta en la mira.
En las últimas semanas, los argentinos fuimos testigos de la pelea que el Gobierno debe sostener con los denominados fondos buitre, con NML Elliot a la cabeza, cuyo dueño es el multimillonario norteamericano Paul Singer. Estos fondos pretenden cobrar íntegramente al valor nominal bonos que compraron luego de la reestructuración de 2005 y 2010 llevada adelante por nuestro país para aliviar la carga de la deuda externa en moneda extranjera. Los bonos fueron emitidos en su momento bajo la consigna de que cualquier conflicto se dirimiría en los tribunales de Nueva York. Cuentan a su favor con el fallo del juez Tomás Griesa, con la anuencia de la Corte Suprema de Estados Unidos.
El caso demuestra en forma gráfica y consistente que Argentina es un territorio en disputa. Envalentonados por su fortalecida posición, los fondos buitre, a través de la American Task Force Argentina, órgano de lobby financiado por estos fondos, amenazan con adueñarse de activos de YPF, especialmente Vaca Muerta, uno de los yacimientos más promisorios para la explotación de hidrocarburos no convencionales.
La amenaza camina por terreno concreto. La semana pasada el fondo buitre Elliot se presentó en los tribunales de San Francisco para que jueces de California avancen en eventuales embargos contra YPF o su socio en Vaca Muerta, Chevron. La elección del juzgado no es casual. Chevron tiene su lugar de residencia en San Ramón, un condado cercano a San Francisco. La argumentación de la presentación es que los fondos de YPF y, eventualmente, de Chevron, pertenecen a Argentina, al menos en lo que tiene que ver con el proyecto de inversión de unos 2.040 millones de dólares ya desembolsados, de un total de 8.000 para todo el emprendimiento. De esta manera, intentan cobrarse los 1.330 millones de dólares del fallo de 2012. El juez Griesa deberá decidir si da vía libre para el embargo. En este sentido, la posición argentina sería que YPF es una sociedad anónima independiente del Estado y que no es posible avanzar sobre una empresa norteamericana que sólo se asoció para un proyecto en particular.
Más allá de las particularidades del caso y de las estrategias para intentar que los costos sean lo más bajos posible, la soberanía nacional ya fue avasallada desde el momento en que se decidió resolver los conflictos bajo una ley extranjera. La herencia neoliberal dejó una estela de consecuencias nefastas para nuestro país.
De esta manera, se desdibuja la estrategia del Gobierno de “acercamiento” a los mercados, en un intento de aliviar la restricción externa producto de la falta de divisas, esperando un abaratamiento del financiamiento internacional. El déficit energético, junto a la extranjerización de la economía, una leve baja en el intercambio comercial y los pagos de deuda externa, es justamente una de las causas de esta falta de divisas. Todo tiene que ver con todo.
Los intereses de una deuda creciente más una economía extranjerizada exigen tributos cada vez más altos que sólo se sostienen con altas tasas de crecimiento, aumento de la productividad y de la tasa de ganancia para las empresas extranjeras, con lo que genera una rueda interminable de flujo de riqueza y trabajo argentino hacia el exterior. A ello hay que sumarle la fuga de capitales de la “burguesía nacional” que en forma constante erosiona el ahorro nacional. La derecha reclama más apertura, menos regulaciones, más señales de “confianza”. Este parece ser ser el camino elegido.
En este contexto, la nueva ley de hidrocarburos que está en período de preparación da cuenta de esta afirmación. Extensión del plazo de concesión hasta 35 años con extensión a diez más en el caso de no convencionales, régimen especial para la importación de bienes de capital (que erosiona las posibilidades de la industria nacional), disminución al 50 por ciento de las regalías para proyectos especiales y prohibición de reservar áreas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal están entre los beneficios que se otorgarán a los proyectos de inversión que superen 250 millones de dólares. También, la libre disponibilidad del 20 por ciento de la producción obtenida en una explotación convencional y no convencional (el decreto 1277/12 había eliminado completamente la libre disponibilidad) y del 60 por ciento para explotación Off-shore.
Es decir, se incorporan prácticamente todos aquellos beneficios que otorgaba el Decreto 929/13 para proyectos de más de 1.000 millones de dólares que permitió en su momento el Acuerdo Chevron-YPF.
En paralelo, las empresas privadas petroleras preparan su propio “Estatuto Legal del Coloniaje” que incluye la extensión de las concesiones pero a un total de 50 años, eliminación de las retenciones a la exportación de crudo, libre disponibilidad de los hidrocarburos producidos, libre disponibilidad de las divisas generadas por exportación, libre importación de equipos petroleros y regalías del 5 por ciento para proyectos de alto riesgo. Un verdadero manual neoliberal que sería bien recibido por algunos candidatos a presidente que ya tuvieron reuniones con el llamado “grupo de ex secretarios de energía”.
Todo ello en momentos en que tenemos un país descapitalizado y débil para negociar. La debilidad se aprovecha.
Es posible que aumenten las inversiones, que se acerquen capitales extranjeros, que aumente la producción, tal como sucedió durante los primeros años de fiesta menemista, aunque tampoco está todo dicho. No obstante, ya sabemos hacia dónde conduce todo ello. Pan para hoy, hambre para mañana.
