14 jun 2015

Primer juicio europeo al Plan Cóndor

Con problemas de coordinación y con cierta sensación de desprotección, viajó esta semana a Roma el primer grupo de uruguayos que declararán como testigos en el juicio que se sigue en Italia al Plan Cóndor

Por Federico Gyurkovits en caras & caretas digital 

Son querellantes en la causa el Estado y el Frente Amplio (FA) –cuya presidenta, Mónica Xavier, se reunió la semana pasada con algunos de los testigos para recomponer el vínculo. Los primeros testigos viajaron sin haber tenido contacto previo con los abogados y sin instancias formales de encuentro con representantes del Poder Ejecutivo.

El costo de pasajes, estadías y traslados es asumido por el Estado italiano, mientras que el Estado uruguayo y la fuerza política que está en el gobierno, se hacen cargo de los honorarios de los abogados que llevan adelante la demanda en nombre de Uruguay.

CONDUCEN A ROMA

La megacausa denominada Processo Condor tiene víctimas, acusados y testigos de nacionalidad boliviana, chilena, peruana, argentina y uruguaya.

“Vittima: Daniel BANFI, militante del M.L.N. ‘Tupamaros’. Vittima: Gerardo GATTI, sindicalista e dirigente del OPR-33/ROE/PVP”. Sobre el destino de estos desaparecidos trata la primera etapa testimonial del anexo uruguayo de la megacausa, q ue comenzó ayer en el Tribunal Penal Nº 3 de Roma presidido por la jueza Evelina Canale y que tiene al fiscal Giancarlo Capaldo como representante del Ministerio Público.

Según el cronograma de audiencias fijado en marzo, los primeros en dar su testimonio, ayer, fueron Aurora Meloni, Nicasio Romero, Zelmar Michelini (Chicho), Óscar Bonilla y Óscar Destouet por el caso Banfi, mientras que hoy lo hacen Daniel Gatti, Edelweiss Zahn, Ana Quadros y Eduardo Dean por Gatti.

El viernes 29 Destouet había compartido con Caras y Caretas las sensaciones que tenía antes de emprender el viaje del lunes, cuya salida en principio estaba pautada para el martes 2, pero que logró adelantar para llegar con más tiempo para acomodarse antes de tener que declarar. Si hubiera mantenido el vuelo original, como los demás que declararon ayer, la hora de arribo a Roma habría sido sobre las 18.00 del miércoles. Sumando trámites y traslados y entrada al hotel, sólo le habría quedado tiempo para comer y descansar. Al día siguiente, madrugar para recorrer un trayecto de más de una hora y estar pronto cuando la jueza Canale diera por empezada la audiencia, sobre las 10.00.

Adelantar ese periplo un día le permitiría, adem& aacute;s de ganar tiempo,intentar hacer contacto, por primera vez, con su abogado. “He intentado desde hace tiempo conectarme con los abogados, recién ayer (por el jueves 28) recibí comunicación del abogado contratado por Uruguay, que me dijo ‘voy a intentar ir a verte al hotel, avisame cuando llegás y trato de ir a verte”,expresó Destouet

La imposibilidad de ubicar al abogado italiano narrada por el historiador se repite con los demás testigos, que también encontraron problemas para coordinar una estrategia con representantes del Estado y del FA, en tanto querellantes de la causa. “Hay descoordinación. Yo, en particular, tuve distintas entrevistas con autoridades de gobierno, que fueron muy receptivas y colaborativas en lo declarativo, pero también demostraron cierto desconocimiento de la causa en sí”, afirmó Destouet.

En los hechos, ambas instituciones querellantes (Estado uruguayo y Frente Amplio) están invirtiendo tiempo y dinero para llevar adelante el juicio y, por lo tanto, deberían ser las más interesadas en que se logren resultados .En esta lógica los testigos representan una pieza fundamental, pero sin embargo, no se tendieron puentes. Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, actualmente en Roma, también había dialogado con esta revista antes de dejar Montevideo. “Hubo dificultades con el Estado y con el FA; como que con el cambio de gobierno, la historia empezó de nuevo”, resumió. “Precisamos otra actitud del Estado, se tiene que preocupar de que los que vayamos tengamos la mayor cantidad de elementos; llegamos de noche y al otro día de mañana tenemos que ir al tribunal”, completó

Olivera integrará el segundo grupo de testigos uruguayos que declararán en Roma, al igual que Ricardo Gil y Sara Méndez, entre otros. Lo harán el 11 y 12 de junio, continuando con el caso Gatti el primer día y comenzando con el de Juan Pablo Recagno el segundo.OLIVERA CONTÓ QUE EL JUEVES 28 PERCIBIERON UNA PRIMERA SEÑAL DEL CAMBIO DE ACTITUD, EN ESTE CASO, DESDE EL FA.Ese día, él y la diputada Macarena Gelman fueron recibidos por la presidenta del FA, Mónica Xavier, quien les trasmitió la voluntad de revertir la situación y viabilizar videoconferencias con los abogados italianos para verse las caras, intercambiar información y definir estrategias antes de la llegada a Roma.

Y esa primera señal parece haber tenido réplicas. El miércoles, el Grupo por Verdad y Justicia, creado recientemente en el ámbito de Presidencia de la República, y coordinado por el pastor metodista Ademar Olivera, escuchó los planteos de algunos de los que tendrán que viajar próximamente. Esta comisión cuenta entre sus miembros a la diputada Gelman, quien está convocada a declarar en Roma el 10 de julio en el caso María Emilia Islas, al igual que lo harán, entre otros, Mariana Zaffaroni y Carla Artés –esta última, nieta argentina recuperada en 1985. Un día antes habrán hecho lo propio Elba Rama y Patricia Bernardi por el caso Bernardo Arnone.

Las audiencias se retomarán en setiembre, tras el receso impuesto por la feria judicial, que en Italia se desarrollará durante agosto.

CAUSA COMÚN


“Hay una parte de este juicio que, desde el punto de vista de afectación a militares, no tiene consecuencias, po rque ya están presos acá.Si Italia dice que no son culpables, es favorable a la estrategia de los militares en Uruguay”, en cuanto a sostener que son inocentes de los crímenes que se les imputan, indicó Olivera. Pero si, por el contrario, la Justicia italiana los condena, será un respaldo internacional al movimiento de derechos humanos de Uruguay en particular y de la región en general

Olivera explicó que “este juicio lo empezamos con una denuncia presentada en 1999, con la misma lógica con la que presentamos en España a (Baltasar) Garzón, o en Argentina, por LA INCAPACIDAD DE QUE HUBIERA JUSTICIA ACÁ”.Por su parte, Destouet agregó que entre los varios juicios paralelos que conforman la megacausa, en el capítulo Uruguay también confluyeron “varios juicios en un juicio”. Uno refiere a la causa original por los ítalo-uruguayos, comenzada por Luz Ibarburu Recagno y María Bellizi, en 1999. “Esa causa lleva 16 años, la mayor parte del tiempo encajonada, pero se reactivó y se incluy&oac ute; otras causas, como la de Tróccoli”

La parte testimonial se inició en abril, con el abordaje –por parte del Tribunal Penal Nº 3 de Roma–, de crímenes cometidos contra ciudadanos bolivianos y chilenos de origen italiano en el marco del Plan Cóndor. Las audiencias habían quedado fijadas en marzo, cuando se terminó de establecer qué testigos sería admitidos y qué organizaciones sociales podían ser consideradas parte. En esa oportunidad declaró, por Uruguay, entre otros, la ex fiscalMirtha Guianze, quien había solicitado en 2007, cuando estaba en funciones en el Ministerio Público, los procesamientos con prisión del dictador Gregorio Álvarez y de los ex marinos Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau, por delitos de desaparición forzada cometidos contra decenas de prisioneros políticos en el marco de los traslados clandestinos entre Argentina y Uruguay

En el Processo Condor están acusados –además del “Goyo” Álvarez, Larcebeau y Tróccoli– Jorge “Pajarito” Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, José Sande Lima, José “Nino” Gavazzo, Ricardo Arab y Ernesto Soca, de los cuales la gran mayoría cumple pena de prisión en Uruguay. También se pidió procesamiento para, entre otros, el ex jefe del Servicio de Información y Defensa (SID) de la dictadura, general (r)Iván Paulós y el ex oficial Pedro Mato Narbondo. De los que no están presos, Paulós falleció en abril, Mato Narbondo está prófugo en Brasil y Tróccoli está en libertad en Italia, a donde fugó en 2007 para evitar ser procesado en Uruguay. A fines de ese año, Tróccoli fue detenido con fines de extradición, pero la Justicia italiana desestimó el recurso por vicios formales: la embajada de Uruguay en Roma presentó el exhorto fuera de plazo. Tras un pedido del Estado uruguayo, Capaldo incorporó las imputaciones contra Tróccoli por el traslado clandestino de presos políticos en 1978

Entre los acusados no uruguayos figuran el ex ministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez, el ex primer ministro peruano Pedro Richter Prada, el ex jefe de los servicios secretos chilenos Juan Manuel Contreras y el general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú durante cinco años. Agrupados por nacionalidad, los inculpados son un boli viano, once chilenos, cuatro peruanos y dieciséis uruguayos, cuyas edades oscilan entre los 65 y 90 años. Enfrentan cargos tales como secuestro de persona y homicidio múltiple agravado.



El edificio del Tribunal Penal 3° de Roma se construyó en lo que supo ser una cárcel. Más precisamente, en lo que fuera el patio de una cárcel, en el que pasaban sus ratos de ocio los presos fascistas que dejaron en Italia la caída de Benito Mussolini y el posterior triunfo de los aliados. Triunfo, por otra parte, que además de poner fin a la Segunda Guerra Mundial dio inicio a la guerra fría que en América Latina se tradujo en dictaduras y en el Cono Sur desplegó alas de cóndor