Desde que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas fue creada en junio de 2013, esta área de trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) ha registrado 120 casos de desaparición forzada, en los que los perpetradores del delito fueron “posibles autoridades federales, ministeriales y/o municipales“.
Tal como consta en el oficio SJAI/DGAJ/0284/2015, emitido por la PGR en febrero pasado, 74 de estas desapariciones fueron perpetradas por autoridades federales; 25 más por autoridades municipales y 21 por estatales.
Según los registros de la Procuraduría, las víctimas desaparecidas por autoridades gubernamentales son 112 hombres y 8 mujeres, raptados en 12 entidades del país.
Además, este documento establece que 62% de las víctimas son niños y jóvenes: en 12 casos, se trata de menores de edad; 24 son jóvenes de 19 a 23 años; y otros 38 tenían entre 24 y 33 años de edad cuando fueron raptados.
De estas 120 desapariciones atribuidas a agentes gubernamentales, 20 fueron cometidas entre 2008 y 2009, mientras que otras 50 se registraron en el año 2010, aunque no fue sino hasta 2013 que la autoridad federal comenzó a investigar todos estos casos.
Además, otras 27 víctimas corresponden al año 2011; cuatro a 2012; 11 más fueron desaparecidas en 2013 y otras siete en 2014.
Los registros de la PGR señalan que la entidad de la República en donde más desapariciones han sido cometidas por funcionarios públicos es Veracruz, con 29 casos, por lo que, según estas estadísticas, una de cada cuatro desapariciones forzadas a manos de funcionarios a nivel nacional ha sido cometida por servidores públicos veracruzanos.
El segundo lugar a nivel nacional es Tamaulipas, con 22 víctimas; el tercero es ocupado por Coahuila, con 19 casos; y el cuarto sitio en desapariciones forzadas cometidas por servidores públicos es el Distrito Federal, con 12 víctimas.
