Las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) entregaron archivos a la justicia que investiga el papel que cumplieron empresas como la metalúrgica Acindar y otras durante la pasada dictadura militar (1976-1983) colaborando en el señalamiento de trabajadores que están desaparecidos.
STELLA CALLONI / LA JORNADA -
También sobre el juicio que se lleva adelante en torno a la entrega de Papel Prensa, que con los dueños amenazados o secuestrados por los militares malvendieron esa empresa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón en 1977. Para los dueños y socios que firmaron la venta bajo extorsión de los militares en complicidad con los directivos de esos medios, el primero de los cuales se ha convertido en un grupo monopólico, la investigación es una reparación impostergable.
También se entregaron archivos sobre cómo se liquidó el Banco de Hurlingham bajo control de David Graiver, también dueño de Papel Prensa, fallecido en un sospechoso accidente de aviación en México en 1976, y cuya viuda, familiares y asociados fueron secuestrados y llevados a centros clandestinos de detención, y firmaron una venta en esas condiciones.
Entre la documentación entregada a la justicia figura el caso de los hermanos Rodolfo y Carlos Iacarino, secuestrados en noviembre de 1976, en la provincia de Santiago del Estero, mientras otro de los hermanos, Alejandro, fue secuestrado junto a su madre en esta capital, y llevados a distintas comisarías de Buenos Aires, y al centro clandestino de detención de la localidad de Martínez, y luego a la temible Brigada de Avellaneda. Durante su cautiverio fueron obligados a vender -bajo amenazas de ser arrojados al río de La Plata- unas 25 mil hectáreas de campo y un avión, por un pago que nunca se concretó.
También existen archivos sobre otras empresas vendidas en esas situaciones, que revelan las complicidades de los dictadores con empresarios que asociados con ellos se quedaron con empresas robadas. Varios organismos estatales comenzaron a abrir archivos. En el caso del BCRA, bajo la dirección del actual presidente Alejandro Vanoli, se creó una oficina de Derechos Humanos, conformada por cinco investigadores. Hasta ahora se han entregado actas secretas, correspondencias, versiones taquigráficas de reuniones de directorios y otros importantes archivos, así como también información sobre la deuda externa.
Esto se agilizó con la creación de una Comisión Bicameral de la deuda externa, pero también la que se creó recientemente como un proyecto del gobernante Frente para la Victoria para investigar las complicidades civiles en los crímenes de lesa humanidad. En este caso
el rechazo de la Bicameral por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) puede explicarse porque gran parte de la información encontrada en el Ministerio de Defensa o en el BCRA fue aportada a las causas judiciales que investigan a empresas que integran esas asociaciones empresarias, señala Página 12. Precisamente Acindar,Tenaris-Siderca forman parte de la UIA.
En el juicio de la causa de Campo de Mayo, que investiga la desaparición de varios obreros de la siderúrgica del Grupo Techint, fue allanada en octubre pasado una importante planta de ésta, en el municipio de Campana, provincia de Buenos Aires, extendiéndose a oficinas en esta capital.
El BCRA entregó expedientes internos encontrados en las oficinas de esta entidad e información desclasificada que había sido solicitada desde el año 2011 por la Secretaría de Derechos Humanos de la nación. En el caso de la empresa Mackentor de Córdoba en el juicio sobre el centro de detención clandestino La Perla, el más grande de esa provincia central, se conoció que el 25 de abril de 1977
el comandante Luciano Benjamín Menéndez supervisó varios operativos secuenciados y simultáneos en donde detuvieron a personal jerárquico de esa empresa, tanto en sus sedes de Córdoba como de Buenos Aires. Mackentor era un grupo empresario de capitales nacionales especialista en la construcción vial e hidráulica. Tenía cerca de 400 empleados y realizó obras por casi 50 millones de dólares entre 1970 y 1975. Su presidente, Natalio Kejner, había decidido dividir el paquete accionario con el personal jerárquico, que tenían participación en las ganancias, además de abogar por una burguesía nacional. También había denunciado a la Cámara Argentina de la Construcción. Tras su exilio y el secuestro de varios directivos, la empresa fue liquidada, de acuerdo con el mismo periódico.
El Banco Central prepara un trabajo de investigación sobre la legitimidad de la deuda externa, tarea que comenzó en 1984.
Las investigaciones realizadas por el BCRA en estos momentos abarcan una cantidad de datos que permitirán conocer, asombrosas maniobras económicas de los grupos de poder con la dictadura militar más cruentas del país .
El libro Cuentas pendientes editado por el periodista Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky ha servido como base documental para la creación de la Bicameral parlamentaria, uno de los acontecimientos más importantes de los últimos tiempos, que es rechazada por algunos poderosos grupos económicos . En esa páginas surgen los vínculos de empresas como Acindar y Techin con las dictaduras, y esto se advierte en la desaparición de los delegados y trabajadores más activos en la defensa de sus compañeros. Hasta ahora hay sectores judiciales que han hecho todo lo posible por impedir el juzgamiento de empresarios que han colaborado activamente con la pasada dictadura militar, con pruebas y testimonios suficientes que muestran su complicidad en crímenes de lesa humanidad.
